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Procuraduría advierte sobre posible inconstitucionalidad de ley de víctimas

La advertencia la hizo el procurador delegado en lo civil, Mario González, quien participó en la sesión de dicha célula legislativa, la cual tenía previsto escuchar la posición del Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

En su opinión el trámite de esta ley se arrancó sin la consulta que se ordena para este tipo de leyes en cuanto a las comunidades indígenas, las cuales serán directamente favorecidas con la aplicación de esta ley por haber sido víctimas de la violencia.

El procurador igualmente llamó la atención a los senadores sobre la forma en que está concebido en el articulado el tribunal especial que se crea para hacer la restitución de las tierras a los desplazados. En particular señaló que estos magistrados deberán atender miles de procesos y recordó que “si se habla de cuatro millones de víctimas y hay unos seis millones de hectáreas por devolver, es casi imposible que ellos puedan resolver todas las solicitudes”.

También advirtió González que la Procuraduría con esta ley deberá incrementar sus funciones para poder asistir todos los procesos de reclamación que hagan las víctimas, por lo que planteó que así como se hace con la Registraduría, la entidad tenga una procuraduría delegada para estos asuntos.

Explicó además que mientras que los pequeños campesinos que deseen reclamar sus terrenos no les asiste ninguna asesoría judicial, los grandes terratenientes que pelearán por quedarse con sus tierras sí contarán con abogados.

De otra parte se volvió a dar un enfrentamiento por parte de los senadores de la U y el Partido Liberal por el alcance de la ley. El senador Roy Barreras declaró que la discusión se está llevando a convertir la ley en un tema partidista, en particular por el liberalismo, colectividad que “no deja hacer aportes al texto”.

A su turno el senador Juan Fernando Cristo, se apartó de esa posición y le respondió que el liberalismo tiene claro que es una ley que ha contado con la participación de todos los partidos políticos.

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