Procuraduría rechaza orden de restablecer en su cargo a Gobernador del Valle

Visiblemente molesto, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, rechazó la determinación del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle de restablecer en su cargo al gobernador de ese departamento, Juan Carlos Abadía, y advirtió que irá hasta la Corte Constitucional para hacer valer la suspensión de 10 años que esa entidad le impuso a Juan Carlos Abadía. "Este es un típico y claro desbordamiento institucional", dijo Ordóñez al rechazar la decisión de la seccional de la Judicatura, que hoy tiene al Valle del Cauca con tres gobernadores y que de paso abre la posibilidad para impedir que el próximo 30 de junio los vallecaucanos puedan elegir al mandatario departamental. De la misma manera, el jefe del Ministerio Público consideró que en el caso bajo análisis la tutela no era la vía apropiada para reclamar, por cuanto no se configuraba ninguna vulneración ni mucho menos un perjuicio irremediable por cuanto en el departamento no ha dejado de existir gobernador. Además manifestó que por decisiones como las que adoptó la Judicatura, se abre la puerta para que las sanciones disciplinarias puedan controvertirse por tutela. "Se están instrumentalizando las herramientas jurídicas para desarrollar determinadas agendas políticas. Eso es inadmisible y grave. Por eso la Procuraduría utilizará los instrumentos jurídicos que otorga la ley para revertir esa decisión", señaló Ordóñez. Frente a las sospechas que han rondado la determinación a favor de Abadía, el Procurador manifestó que lo cierto es que decisiones como esta "se prestan para muchas suspicacias" y agregó que "la tutela fue presentada el 29 de mayo y sólo hasta el 10 de junio se profirió la decisión, precisamente para dilatar el procedimiento administrativo de designación de gobernador". En cuanto al actuar de los magistrados el jefe del Ministerio Público señaló que ese proceder fue abiertamente "injustificado". En este mismo sentido Ordóñez no descartó la posibilidad de más adelante adelantar acciones contra los juristas que adoptaron la cuestionada decisión. "Lo que tengo en prelación es realizar todas las acciones dentro de la acción de tutela y más tarde evaluaré si se toma una decisión en ese sentido", precisó. Finalmente, Ordóñez se ratificó en el sentido de que las sanciones disciplinarias no pueden ser apeladas vía tutela, sino que los mecanismos correspondientes son las vías contencioso-administrativas. "Procuraré que la Corte Constitucional profiera una decisión como tribunal de cierre en materia de tutela", concluyó.