Procuraduría solicita la nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional sobre el aborto

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En esta ocasión, el Ministerio Público se refiere al fallo de tutela 7-841 de 2011 en la que la Corte no sólo revocó una decisión judicial que negó una solicitud de una mujer para que se practicara un aborto a su hija menor de edad,  sino que condenó a la EPS demandada a indemnizar todos los perjuicios causados a la menor y a asumir los costos del tratamiento médico del recién nacido.

La Procuraduría argumentó que en este caso, el de una menor de edad a quien profesionales médicos le recomendaron que abortara debido al riesgo mental que había, hubo violación al debido proceso.

“Con esta sentencia se cambió y desconoció la jurisprudencia constitucional sobre la carencia actual de objeto (la menor ya había dado a luz, por lo que sus derechos a la dignidad, vida y salud no podían ampararse por medio de un aborto)”, estimó la Procuraduría en referencia a que en un momento la menor sí quiso tener el bebé.

Señaló la Procuraduría que la EPS condenada ya manifestó que también interpuso una solicitud de nulidad ante la Corte Constitucional, remitiendo copia de su escrito y solicitando el acompañamiento del Ministerio Público.

El reproche de la EPS consiste en “haber sido condenada a pagar unos daños no probados y en un proceso de revisión del que no hizo parte, así como el que se le haya hecho responsable de una supuesta omisión con respecto a un servicio médico que no tenía el respaldo de un certificado médico afiliado a alguna de sus IPS”.

La EPS se refiere a que fue un médico de un IPS externa quien determinó que existía riesgo la salud mental de la menor y no una que estuviese vinculada a la empresa.

Ahora bien, en la sentencia la Corte Constitucional fue clara en advertir que si la EPS está en desacuerdo, desde el punto de vista médico, con la valoración médica la realiza un profesional externo a la EPS a la que está afiliada la paciente, debe hacer la solicitud dentro de los cinco días. “De superarse este término se debe proceder a la IVE (interrupción voluntaria de embarazo) con base en el concepto del médico externo”, señaló la Corporación.

LO QUE DICE LA SENTENCIA

El fallo de tutela que pretende tumbar la Procuraduría es especialmente relevante porque específica disposiciones para practicar abortos en los casos amparados.

No sólo reiteró que no se podían dar largas injustificadas a las peticiones de aborto, al decretar un máximo de cinco días para responder la solicitud, sino que señala que por ejemplo realizar juntas médicas es una “barrera inadmisible”.

El fallo recordó que en casos donde la madre corre riesgo sólo se necesita un certificado médico y dejó claro que ninguna norma o sentencia judicial ha fijado un límite temporal para realizar abortos en casos amparados por esa corporación. Es decir, que las intervenciones voluntarias se pueden hacer en cualquier etapa de la gestación.

La corporación señaló que ningún juez u otra autoridad puede establecer ese término límite para practicar un aborto en caso amparado y señaló que la realización del aborto en una etapa de gestación cercana al nacimiento “debe ser tomada en cada caso concreto mediante una ponderación de la causal de que se trate, de criterios médicos soportados en la condición física y mental particular de la mujer gestante y, en todo caso, del deseo de la misma”.

 

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