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Proponen comisión asesora, en lugar de la de acusaciones

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La plenaria del Senado discutirá desde este miércoles si aprueba o no la creación de una nueva comisión de acusaciones, conformada por nueve particulares, que reemplace a la actual y que sólo tendría como función realizar una investigación preliminar a los altos aforados del país (presidente de la República, vicepresidente, fiscal, contralor, procurador y magistrados de las altas cortes).

La propuesta está incluida en el articulado de la reforma a la justicia, el cual ya tiene su ponencia radicada para el sexto debate y deberá ser votada a mas tardar el jueves de esta semana.

De acuerdo a los ponentes de la iniciativa (Jesús Ignacio García, Luis Fernando Velasco, Juan Carlos Vélez y Eduardo Enríquez), esta nueva comisión deberá –si es aprobada su creación- evaluar los fundamentos en que sustentan las investigaciones a estos aforados, para entregar a la plenaria de la Cámara la recomendación de si dan trámite a un juicio político, más no penal.

Según el senador García, la investigación judicial correspondería a la Corte Suprema, mientras que el Congreso sólo podría ordenar una suspensión del aforado por consideraciones de indignidad.

En ese orden de ideas, si presentaran alguna denuncia contra el presidente de la República, esa nueva comisión evaluaría y con base en su estudio le entregaría el caso a la plenaria de la Cámara, para que esa instancia escuchara al jefe del Estado.

Si tras esa defensa del mandatario la Cámara considerara que sí cometió alguna situación de indignidad, ordenará el trámite del caso a la plenaria del Senado, la cual definiría si debe ser sancionado, pero en lo político. Si hay un delito judicial, ese sólo sería investigado por la Corte Suprema.

Los aforados antes mencionados sólo podrán empezar a ser investigados penalmente por la Corte Suprema de Justicia en el momento en que el Congreso de la República le envíe las pruebas, que según el legislativo, permiten ese proceso judicial.

La nueva comisión asesora de alto nivel deberá asumir los procesos que en la actualidad investiga la Comisión de Acusaciones, los cuales superan los 1.100 procesos que están prácticamente en cero en su investigación.



INVESTIGACIÓN PENAL

La ponencia además propone que sea crea en la Corte Suprema una sala especial para asumir la investigación penal de los aforados, en donde estos tendrán dos instancias.

La primera es la investigación que se hará en esa sala, la segunda en la sala plena.



PERDIDA DE INVESTIDURA

El senador conservador Eduardo Enríquez, explicó que en el caso de los congresistas existirá la doble instancia. La primera una sección especial del Consejo de Estado, en donde parte de los nueve magistrados que la integrarán investigará a los legisladores, la segunda es cuando estos pasen a la plenaria del Consejo de Estado el informe y allí decidan si los suspenden o les declaran la pérdida de la investidura.

En la ley reglamentaria se planteará además que las demandas en adelante contra los congresista no podrán ser bajo los supuestos sino con fundamentos, porque de lo contrario quienes hayan demandado sin razón deberán pagar los costos judiciales de ese proceso.



SE ACABA EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

La reforma contempla además el cierre del actual Consejo Superior de la Judicatura y se crean dos nuevas entidades.

Una el Sistema nacional de Administración Judicial y el otro el Consejo Disciplinario Judicial.

El Sistema Nacional de Administración Judicial lo integrarán dos salas una de gobierno y una ejecutiva. A la vez se nombrará a un director ejecutivo de la rama.

El consejo disciplinario lo conformarán 9 magistrados, que se nombrarán de acuerdo a ternas que envíen la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.



DESCONGESTIÓN JUDICIAL

En el texto radicado para el debate en plenaria se incluye además lo referente a la descongestión judicial, allí se incluyó el acuerdo con las cortes en el sentido en que para la descongestión se permitirá a notarios y abogados fallar algunos casos, de menor trascendencia.

Igualmente en este asunto, según el senador Luis Fernando Velasco, no se elevará a delito el conducir borracho, pero sí se aumentará la sanción o multa de quien cometa la irregularidad de manejar bajo el efecto del alcohol. Una ley posterior reglamenta esa situación. Una situación similar pasará con las personas que sean encontradas consumiendo drogas en la calle, ellas serán conducidas a centros especiales de atención.

Velasco resaltó este capítulo de la descongestión de la justicia como un gran acuerdo entre todos los sectores, aspecto que beneficiará a todos los colombianos.



REELECCIÓN PRESIDENCIAL

La ponencia incluyó una reforma al artículo 197 de la Constitución Política en donde se estipula que en Colombia habrá reelección sólo por una vez.

El cambio se hace en las categorías de los funcionarios que pueden aspirar y se hace precisión en que ya no son magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, porque desaparecerá, para incluir el cargo de magistrados del Consejo de Disciplina Judicial, el nuevo organismo que se crea.

Sin embargo ese artículo suscitó un debate en el Senado  en el sentido de que el mismo abriría una nueva reelección de Alvaro Uribe, sin embargo el senador ponente Eduardo Enríquez indicó que se cambia el artículo porque hace referencia al Consejo Superior de la Judicatura y por ende se debe cambiar ese nombre, al igual que se está haciendo en otros artículos.

Para el senador uribista Juan Carlos Vélez, sí se puede abrir la posibilidad de una nueva reelección, sin embargo el también uribista Roy Barreras dice que el tema de la reelección no ha sido debatido en ningún momento de los debates y por lo tanto no tendría consecutividad, una de las razones que obliga la Corte Constitucional que tenga una reforma constitucional, que los temas se hayan discutido, sin importar de haber sido aprobado o hundidos, en la primera vuelta del acto legislativo, y esto no sucedió.

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