El proyecto, radicado este miércoles por el Ministro de Defensa Rodrigo Rivera, propone al legislativo implementar un servicio de defensa técnica para cualquier integrante de las Fuerzas Militares o la Policía Nacional, activo o retirado, que se vea incurso en investigaciones por delitos ocurridos durante y con ocasión del servicio.
Se trata de un esfuerzo del Ministerio de Defensa para garantizar plenamente el derecho individual a la defensa a todos los miembros de la Fuerza Pública.
“A nuestros militares y policías se les garantizará una adecuada representación judicial para su defensa, tanto en materia penal como disciplinaria, en la jurisdicción ordinaria o especial y en el orden nacional, internacional y de terceros estados en cada una de sus instancias”, afirmó el Ministro.
La iniciativa establece que el Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios para que el Servicio Integral de Defensoría comience inmediatamente a funcionar.
CÓMO OPERARIA
El Servicio Integral de Defensoría de Oficio de los miembros de la Fuerza Pública se coordinará y articulará con la Defensoría del Pueblo para la asignación de abogados con las mejores capacidades profesionales, siempre bajo la supervisión de un Comité de Dirección que analizará los casos individualmente.
Una vez comience su funcionamiento, el Servicio de Defensoría deberá atender el 100% de las investigaciones penales y disciplinarias que involucren a miembros de la fuerza pública.
El Comité de Dirección de la Defensoría de la Fuerza Pública estará integrado por el Ministro de Defensa Nacional, el Viceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales y los directores o jefes de derechos humanos del Ministerio y de cada una de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Según el Viceministro de Defensa Rafael Guarín, quien será el responsable de asegurar el funcionamiento del Servicio de Defensoría, el Comité será el encargado de diseñar y adoptar las políticas orientadas a garantizar la defensa de los uniformados. Indicó que “no es una estrategia de defensa institucional, sino de garantizar el sagrado e individual derecho a la defensa a quienes se sacrifican para garantizar los derechos al resto de los colombianos”.
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