Recta final para la Reforma a la Justicia en la plenaria de la Cámara

Con la discusión de la aprobación o no de los impedimentos de algunos representantes a la Cámara, la plenaria de esa corporación inició la discusión de la Reforma a la Justicia en su octavo debate. (Lea más sobre Reforma a la Justicia)
Debido a que no hay claridad en dichos impedimentos, porque hay un acto legislativo que permite a los congresistas no declararse impedidos en las reformas constitucionales, el tema se paró por unas horas para dar paso a otros proyectos.
En cuanto a la Reforma a la Justicia, la ponencia deja en firme la decisión de aumentar el periodo de los magistrados de ocho a 12 años y elimina la gradualidad para la perdida de investidura por parte de los aforados.
Según el representante Hernando Alfonso Prada, del Partido Verde, “una de las mayores críticas que había tenido la Reforma a la Justicia era la pérdida de investidura, quién cometa una indelicadeza en su ejercicio como Congresista será sancionado ejemplarmente, ya sea por violar el régimen de intereses, disponer arbitrariamente de recursos públicos o no presentarse durante seis sesiones dónde se tomen decisiones importantes, que eran sanciones que ya estaban dispuestas en la ley”.
Agregó que “aquí tenemos un criterio o se es ético o no se es ético, es decir eliminamos el principio de gradualidad. Así mismo en la ponencia va prorrogado el mandato de 8 a 12 años de los magistrados con vigencia inmediata para todos ellos en todas las Cortes”.
Para el representante Germán Barón del Partido Cambio Radical “lo más importante es eliminar la gradualidad que se había establecido para la perdida de investidura con fundamento en una frase que a mí me parece contundente, o uno es digno o no lo es, no puede ser medianamente digno o porcentualmente digno. Esa es una de las modificaciones más importantes que tiene la reforma a la Justicia”.
También se reafirma en la ponencia que desaparece la Comisión de Acusación y “la ley por medio de un desarrollo en el Congreso establecerá como se juzgará a los aforados y en cuanto al Consejo Superior de la Judicatura se respeta la decisión que lo hace desaparecer como institución”.
Por otra parte, el representante Germán Blanco del partido Conservador y presidente de la Comisión de Acusación afirmó que “lo que tiene que entender la opinión pública es que el Congreso pierde las facultades de investigar de manera disciplinaria y de manera penal a los aforados constitucionales”.
Así mismo, agregó que luego de aprobada la reforma a la justicia se va a crear por medio de una ley orgánica una comisión de aforados constitucionales “que sería integrada, creo yo por miembros de la Cámara de Representantes para que al interior de ella se inicien los juicios o prejuicios políticos por las actuaciones que en el ejercicio de sus funciones puedan incurrir los aforados constitucionales”.
De la misma manera, agregó que los juicios de carácter judicial quedan a cargo de los órganos competentes “si es un caso en materia disciplinaria o contenciosa administrativa lo trataría la Procuraduría, en el caso disciplinario actuaría el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia sería la encargada de investigar y juzgar la parte penal”.