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Reforma a la Justicia costó 5 mil 444 millones de pesos

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La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) estimó en 5 mil 444 millones 976 mil 358 pesos, el costo del trámite de la Reforma a la Justicia, esto en el Congreso de la República.

Ese costo se obtiene, dice la CEJ, de la sumatoria del salario diario (estimado) de los congresistas suponiendo 20 días hábiles al mes en ambas vueltas del acto legislativo y de las sesiones extras convocadas por la Presidencia de la República para discutir las objeciones a la enmienda constitucional.

Así, según la CEJ, el trámite legislativo como tal costó 3 mil 586 millones 898 mil 700 pesos. A esto se suma el costo del pago del personal de la Unidad de trabajo legislativo (UTL), estimado en mil 458 millones 955 mil 385 pesos; el costo del personal Ministerio de Justicia, estimado en 217 millones 71 mil 174 pesos y el  costo del personal de la Rama Judicial estimado en 182 millones 51 mil 100 pesos.

La CEJ lamentó que “aparte de tener unos costos políticos altos, este proceso de reforma también implicó considerables erogaciones económicas”.

Debido al alto costo, se podría preguntar si cabe alguna medida para que los integrantes del Congreso terminen resarciendo los gastos de un accidentado trámite legislativo.

Una hipótesis es la existencia de un presunto detrimento patrimonial que podría provocar un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República en el entendido de que por decisiones equivocadas se incurre en unos gastos que se habían podido omitir.

No obstante, esta hipótesis podría estar lejos de convertirse en realidad porque la función del Congreso, como tal, no es aprobar leyes "porque sí", sin tener en cuenta que el debate puede hacer que una iniciativa se caiga, tal y como sucede en múltiples ocasiones.

“Yo pienso que el Congreso de la República es un foro donde se toman o no decisiones. Que un Congreso tarde un año debatiendo un tema y por alguna razón no expida la norma al final -porque llego a la conclusión que no sirve y que quedo mal hecha- digamos que la función del Congreso es debatirlas, es ser representativo del pueblo y ser deliberante”, consideró el constitucionalista Juan Manuel Charry.

Ahora bien, se podría interponer ante el Consejo de Estado una acción que condene a costas al Congreso por responsabilidad legislativa en el entendido que una ley o Reforma provocó un daño o si hay una equivocación en el ejercicio de la función propia.

Esta medida se entiende como una extensión de las acciones por daño extracontractual que se interponen contra entidades públicas como los Ministerios por ejemplo, no obstante no tiene precedentes de haberse concedido.

Según explicó Charry esa demanda de responsabilidad es más una posibilidad teórica ya que “nunca en la practica se ha condenado al Congreso por su actividad de reformador de la Constitución”.

Lea más noticias sobre la Reforma a la Justicia.

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