Reforma a la Justicia dejó una crisis institucional: Consejo de Estado

"Estamos en una crisis institucional que no deseamos jamás y que de alguna manera, en cambio de avanzar en el fortalecimiento y modernización de la Justicia y del Estado, implica un paso atrás muy preocupante”.
De esta forma el presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez Aranguren, manifestó su preocupación por el articulado de la Reforma a la Justicia que aprobó el Congreso (Lea aquí: Reforma a la Justicia es realidad con especial beneficio al Congreso).
Preocupa especialmente a la Corporación, que no se fijaron mecanismos de transición para el Gobierno de la Rama y ya quedó eliminada la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
“Estamos pendientes de afrontar la terminación de funciones de la Sala Administrativa que es la que representa el funcionamiento de la Rama. No se dejó un régimen de transición para esa Sala, eso supone una crisis institucional que hay que afrontar y tratar de solventar de la mejor manera posible”, dijo Gómez.
Con la entrada en vigencia de la Reforma, quedan paralizados al menos 50 procesos de pérdida de investidura que ahora deberán repartirse entre las secciones del Consejo de Estado, para fallo de primera instancia en el que además se deberá comprobar dolo. Estos necesariamente irán a segunda instancia en donde deberán alcanzar los votos de las tres quintas partes de la Sala Plena para que prospere la acción (Lea más sobre la Reforma a la Justicia).
Tal vez, el elemento más grave o polémico en este cambio, según explicó el magistrado Gómez, es que si la acción no prospera, quien denunció terminará pagando.
“Es una acción ciudadana que se gravó con una condena en costas en caso que la demanda no prospere en cargo del ciudadano que interponga la demanda. Eso va a desestimular por supuesto el control que se hacía de sus ciudadanos en cuanto al funcionamiento de sus congresistas. En la práctica, la institución quedó reducida a muy poco”, señaló.
Igualmente, consideró que es el ciudadano de a pie el que se verá directamente afectado porque con sus impuestos deberá sostener una Corte de 17 miembros creada para juzgar las conductas penales de los aforados constitucionales, así como una rama judicial que a su juicio perdió independencia y autonomía.
“Soportar una Justicia en donde sus jueces no serán los profesionales designados por concurso, sino que puede ser cualquier abogado que eventualmente se le asigne al caso o un notario”, señaló.