Reforma a la Justicia, a dos debates de ser una realidad

El acto legislativo de reforma a la justicia surtió este jueves uno de sus pasos más importantes al ser aprobado en su sexto debate en la plenaria del Senado de la República con varias modificaciones de fondo como las eliminaciones del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusaciones. Además, la ampliación del período de los magistrados a 12 años y facultar a los notarios y abogados para fallen los llamados procesos menores.
Sin duda, la principal discusión se dio durante el debate de la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura lo que generó una dura fricción al interior de la mesa de unidad nacional, lo cual tuvo frenada la votación de reforma a la justicia por varios minutos.
Las posiciones se dividieron sobre si se debía mantener o no la citada Corporación, al punto que la votación inicial quedó en 32 por acabarlo y 29 por el no clausurarlo, lo cual obligó a reabrir la discusión, pero en el debate se le negó la posibilidad de hablar al ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
Tras una serie de críticas y de enfrentamientos verbales de varios senadores, la U y el Liberalismo anunciaron que volverían a votar el artículo de manera positiva, mientras que los conservadores pidieron les dieran un tiempo para tomar una decisión y acordaron acompañarlo.
El expresidente de ese partido, senador José Darío Salazar, fue quien planteó la oposición a apoyar el acuerdo de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura.
El ministro Esguerra finalmente habló y señaló los problemas que se han venido presentado al interior del Consejo por lo que se hace conveniente eliminarlo.
Al final de la polémica el artículo fue aprobado por 65 votos a favor y cero en contra.
El reemplazo del Consejo Superior de la Judicatura
El Consejo Superior de la Judicatura quedó eliminado y se creará el sistema de la administración y de la disciplina judicial, el mismo estará integrado por tres niveles de administración.
Uno es la Sala de Gobierno Judicial, integrada por los Presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Junto a ellos, estarán un delegado de los magistrados de tribunal y de los jueces y un delegado de los empleados judiciales.
En esa sala también estarán presentes con voz, pero sin voto, el Ministro de Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la Nación y el Director Ejecutivo de Administración Judicial.
La Sala Ejecutiva de Administración Judicial, la integrará un delegado permanente de la Corte Constitucional, uno de la Corte Suprema de Justicia y otro del Consejo de Estado.
Y, finalmente, se creará la figura del director Ejecutivo de Administración Judicial.
Magistrados por 12 años
En lo votado también se aprobó que el período de los magistrados de las altas cortes sea de doce años y no de ocho. La norma plantea que incluso ese tiempo se les puede calcular a los actuales magistrados.
El artículo aprobado también revive en cierta forma la llamada cooptación, que se entiende como la posibilidad de que los magistrados roten entre ellos mismos las curules. En adelante se propone se cree un concurso, pero con condiciones especiales para esos reemplazos.
El ministro Esguerra se opuso a esa decisión porque consideró que no se debería extender el período a los actuales magistrados.
Aforados
La plenaria también aprobó la creación de una nueva comisión de acusaciones, conformada por nueve particulares, que reemplace a la actual y que solo tendría como función realizar una investigación preliminar a los altos aforados del país (presidente de la República, vicepresidente, fiscal, contralor, procurador y magistrados de las altas cortes).
Ese paso, que se le ha llamado como el antejuicio político, es al que se verán abocados los aforados. Esta nueva comisión deberá evaluar los fundamentos en que sustentan las investigaciones a estos aforados, para entregar a la plenaria de la Cámara la recomendación de si dan trámite a un juicio político, más no penal.
Los aforados antes mencionados solo podrán empezar a ser investigados penalmente por la Corte Suprema de Justicia en el momento en que el Congreso de la República le envíe las pruebas que, según el legislativo, permiten ese proceso judicial.
Código de Policía y descongestión
La reforma a la justicia también incluirá algunas normas referentes al Código Nacional de Policía para hacerlo más moderno y eficaz.
En tal sentido se aprobó que los conductores que manejen en estado de embriaguez no serán procesados penalmente sino que los llevarán por 36 horas a un centro de rehabilitación, los cuales se crearán en un futuro. 
Una situación similar se hará con las personas que sean encontradas con el influjo de sustancias de estupefacientes o alucinógenos.
Otro polémico artículo que se votó es el que establece que para descongestionar a los juzgados de los procesos penales en curso se puedan contratar a abogados particulares y también facultar a los notarios para solucionar procesos considerados como menores.
El proyecto de acto legislativo pasará ahora a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para su séptimo debate.
No habrá autoblindaje para congresistas
Aunque hubo una intención de que la privación de la libertad de los congresistas se diera cuando exista sentencia condenatoria de primera instancia, finalmente se negó esa iniciativa.
La plenaria desmontó el ‘autoblindaje’ que pretendían dejar en el proyecto y procedió a aprobar que se dé la detención de los legisladores cuando exista la resolución de acusación. Así las cosas, no es tan laxa la aplicación de la justicia para los senadores.