Reforma a la Justicia es realidad con especial beneficio al Congreso

La controvertida Reforma a la Justicia es ya una enmienda constitucional, en la que se incorporan normas para descongestionar a la justicia, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, un mayor presupuesto para la rama y un fortalecimiento a la figura y ejercicio de congresista de la República, entre ellas, la no pérdida de la investidura que significa que se les aplicará la llamada muerte política para siempre.
Este último aspecto fue el que más suscitó controversia durante las sesiones de este miércoles de las plenarias del Senado y la Cámara, porque en concepto de congresistas del Partido Verde y el Polo Democrático se estaría viciando la reforma para cuando sea revisada por la Corte Constitucional porque a último momento se quitó el régimen de inhabilidades que aplicaba hasta la fecha a los congresistas.
La Cámara aprobó el informe de la conciliación por 117 votos contra 10, mientras que en el Senado fue acogida por 60 y 16 negativos. (Lea aquí Cámara ya aprobó la conciliación de la Reforma a la Justicia)
LOS BENEFICIOS AL CONGRESO
En la enmienda constitucional se precisa que en adelante el juzgamiento de los congresistas tendrá la doble instancia en la pérdida de la investidura, y en tal sentido la Constitución Política señalará de ahora en adelante que se elimina la violación al régimen de inhabilidades para ser electo congresista como causal de pérdida de investidura, porque son circunstancias anteriores a su condición de parlamentario y que para ello existe la acción de nulidad electoral.
Igualmente se dice que se “dará el principio de gradualidad en la sanción, la que puede ser suspensión o pérdida, atendiendo la entidad de la falta y el dolo o culpa en que actúo el investigado”.
Señala la reforma constitucional además que los congresistas sólo podrán ser detenidos tan sólo hasta el momento en que se haya expedido una resolución de acusación por parte de la Corte Suprema, en donde se crea una sala especial de investigación. Un aspecto más que se indica es que “quienes presenten demandas de suspensión o pérdida de investidura infundadas o temerarias, serán condenados a pagar las costas del proceso”.