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Reforma a la Justicia pasó a sexto debate

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Dentro de lo aprobado, se determinó mantener la existencia de una Sala de Gobierno y otra Jurisdiccional disciplinaria en el Consejo Superior de la Judicatura.

Esta aprobación se dio con el rechazo del gobierno, el cual por intermedio del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, señaló que “el Gobierno quiere dejar sentada su posición de que es partidario y aspira a la eliminación de la Sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”.

El Ministro agregó además que “el país ha venido viendo en los últimos días con verdadero asombro los episodios que han sucedido y por consiguiente piensa que deben dárseles otra forma y otra construcción”.

Otro de los puntos aprobados tiene que ver con la entrega de facultades jurisdiccionales a abogados, notarios y centros de arbitraje, artículo que tuvo resistencia de los senadores Luis Carlos Avellaneda y de Parmenio Cuellar, quienes alertaron que esta iniciativa no será garantía para los ciudadanos en la aplicación de justicia.

Sin embargo, el ministro Esguerra insistió en la propuesta original del gobierno para descongestionar los despachos judiciales, al igual que para otorgar de manera transitoria funciones jurisdiccionales a particulares para destrabar los procesos.

En lo aprobado por la Comisión también pasó el referente a facultar a la Fiscalía General de la Nación para que adelante capturas de manera excepcional y en concordancia con la Constitución, para lo cual podrá tener hasta un período de 72 horas.

“La ley fijará los límites, delitos, eventos y circunstancias en que proceda la captura. En estos casos, el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las 36 horas siguientes”, dice el artículo aprobado.

De la misma manera tuvo vía libre el artículo en el que les regresan a las Altas Cortes la facultad de nominar para la elección de Fiscal General de la Nación y Procurador General de la Nación y su régimen de inhabilidades.

Pasó igualmente un artículo que indica que el Gobierno destinará 1,8 billones de pesos, ponderados en seis años para la descongestión. La Justicia tendrá un presupuesto que aumentará con base en el Índice de Precios al Consumidor más dos puntos porcentuales.

Pasó lo referente a que no se iniciarán procesos con base en denuncias anónimas, por lo que se determinó que esas acusaciones deben estar acompañadas por un nombre y con pruebas que puedan significar el análisis de la justicia en la eventualidad de un proceso en contra de cualquier ciudadano.

DESCONGESTIÓN Y AFORADOS

Para descongestionar la justicia se otorgarán funciones jurisdiccionales a funcionarios judiciales, autoridades administrativas, notarios, centros de arbitraje, centros de conciliación y abogados en ejercicio en calidad de jueces adjuntos.

El mayor debate se dio en el juzgamiento de los aforados. Aquí el fiscal General, Eduardo Montealegre dijo que “no comparto la ponencia para el juzgamiento de aforados constitucionales. Con el respeto, es de las normas más desafortunadas de la reforma a la justicia. Si llega a aprobarse como está existen graves riesgos de inconstitucionalidad por sustitución de la carta, afecta gravemente la garantía institucional de la justicia y va a ser una norma que compromete principios básicos y desacertada en todos sus aspectos no solo en lo jurídico y de inconveniencia y más criticables que tiene el proyecto de reforma a la justicia y le solicito al Congreso que reflexione sobre los efectos de esta regulación inconveniente y muy posiblemente institucional”.

Otra propuesta del Fiscal fue que los casos que hoy tienen fuero ante el Congreso se mantenga la competencia de esta corporación sobre la base de que sea despojado de funciones jurisdiccionales. Además planteó que cuando se trate de investigaciones se limite hacer juicio de responsabilidad política, que solo cuando se haga ese juicio y concluya en una sanción de responsabilidad política, se abra la puerta de investigación penal disciplinaria o fiscal y que ese fuero de investigación se extienda al Procurador y al  Contralor.

No obstante, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra le salió al paso y aseguró que “para efecto de señalar lo que va en la ponencia el proyecto que hay a consideración del Congreso, no ha sido un impronto, no fue sacado del sombrero de una madrugada por alguien que no se conoce, se ha hecho con cuidado con tiempo. Soy testigo de excepción”.

Finalmente, los artículos 5, 8, 15, 23 y 24, que se refieren al juzgamiento de aforados, fueron aprobados por la comisión.

En este bloque, la Comisión le dio vía libre al artículo 24 que establece que el Procurador no tiene facultad de investigar a los congresistas, pero se le mantiene la posibilidad de llevar procesos al resto de aforados.

Con el artículo 4 hubo una proposición sustitutiva de Cuellar y Avellaneda que pedía que el Presidente y el Vicepresidente no mantuvieran el fuero así hubieran cesado en sus cargos. Finalmente fue negada y quedó como está en la ponencia.

El último asunto que discutió la Comisión fue el referente a si se mantenía en la reforma constitucional el artículo del fuero militar. La Comisión negó una propuesta del senador uribista, Juan Carlos Vélez, quien pedía mantenerlo.

En ese orden de ideas, el fuero militar se continuará estudiando en el acto legislativo, presentado por el gobierno hace un mes, que ya cumplió sus primeros dos debates en la Cámara y que estará próximo a llegar a esta Comisión I del Senado.

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Comentarios

No habrán puesto por ahi algo

No habrán puesto por ahi algo que tenga que ver con los trámites de procesos, la pedidera de plata de funcionarios, la perdida de expedientes, el trafico de influencia, las audicencias fallidas, la grosería de los empleados de juzgados, pero ante todo que no hagan fallos amañados??