La Alta Consejería para la Reintegración, ACPR, por orden del Presidente, Juan Manuel Santos, cerró en cuestión de horas la discusión pública entre el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, y el Vicepresidente, Angelino Garzón, por el tema del indulto.
El contrapunteo entre los dos “pesos pesados” del Gobierno fue necesaria a raíz de las declaraciones que ambos dieron sobre el tema, Vargas Lleras negando la preparación de un decreto para indultar algunos miembros de grupos armados ilegales, y Garzón entregando “píldoras” informativas sobre cómo será el decreto y asegurando que el propio Presidente Santos lo alistaba.
Por eso, horas después de conocidas las declaraciones de una y otra parte, fue necesaria una reunión para dejar en claro el tema, principalmente que el asunto es de competencia única de la Alta Consejería para la Reintegración. Y fue ésta la encargada de ponerle punto final a la discusión al aclarar que, en los próximos días, se reglamentará la Ley 1424 de 2010, que otorga beneficios jurídicos a las personas que se desmovilizaron de los grupos armados ilegales.
La Alta Consejería fue clara en informar, mediante un comunicado de prensa, que se respetarán “los principios del Derecho Internacional Humanitario y sin permitir la posibilidad de indulto o amnistía para quienes cometieron delitos de lesa humanidad”.
La Ley 1424 “busca que se cumplan los compromisos de paz adquiridos por el Gobierno Nacional con los desmovilizados de los grupos armados ilegales y garantiza a las víctimas la reconstrucción de la memoria histórica, la verdad frente a los hechos violentos y el derecho a la no repetición”.
Una vez se reglamente la Ley, “las personas desmovilizadas que cumplan con las condiciones para ser beneficiados, se les suspenderá la ejecución de la pena por el delito de concierto para delinquir agravado, siempre y cuando, no hayan incurrido en los delitos que cobija la Ley 975 de 2005”.
Las condiciones
La Alta Consejería explicó que los desmovilizados deben estar activos o culminar formalmente el proceso de reintegración que lidera la Consejería. Además deben participar en las actividades de servicio social y de reparación.
Según la ACPR, los desmovilizados “deben participar activamente en el Mecanismo no Judicial de Contribución a la Memoria Histórica que propone la Ley”. Por último no deben haber incurrido en delitos luego de su desmovilización.
La Alta Consejería recomendó a las personas desmovilizadas que estén alejadas del proceso y cumplan con las condiciones, que se presenten ante la ACPR antes de diciembre de 2011 para acceder a los beneficios de esta Ley. “De no hacerlo podrán perder su libertad”, señala el comunicado.
Polémica entre Garzón y Vargas Lleras
El vicepresidente, Angelino Garzón, dijo en la mañana del martes que en los próximos días el presidente Juan Manuel Santos reglamentaría la Ley 1424. Sin embargo, el ministro del Interior, horas después, aseguró que el Gobierno no está preparando ningún decreto para ofrecer indultos a miembros de grupos armados ilegales.
Y explicó que el decreto de indultos está vigente desde diciembre, “la política del actual Gobierno ha sido indultar aquellas personas que fueron condenadas por delitos políticos, siempre y cuando no hayan incurrido en delitos de lesa humanidad o delitos atroces”.
Vargas Lleras había afirmado que “no existe ningún decreto porque no se van a indultar personas que provienen de organizaciones criminales amparadas en sedición, porque ese delito no se aplica para ellos”. Y remató a través de su cuenta de Twitter diciendo que “las afirmaciones hechas por el vicepresidente Garzón carecen de todo fundamento legal y constitucional”.
Al finalizar la tarde del miércoles, Garzón manifestó que no había controversia entre ambos funcionarios y que se trató de una confusión de términos, “busquemos todos los sinónimos, pero las personas que se acojan a la Ley 1424, en conclusión, quedan en libertad”.
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