Revisión de firmas, el reto de la Registraduría

En 1996, por creación del decreto 5641, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio inicio a las técnicas de muestreo para la revisión de las firmas utilizadas para la inscripción de candidatos independientes o que no representan a ningún movimiento político.
El proceso de revisión de firmas es complejo y consta de tres fases. La primera consiste en una inspección física de las firmas para descartar las rúbricas adulteradas, que no tienen cédula, nombres o firmas legibles; que no tienen huella o están en un formato incorrecto.
En la segunda etapa se practica una revisión minuciosa de cada una. Allí se descartan otras más porque las personas que firmaron no están inscritas en el censo nacional, porque esos datos no corresponden al registro de identificación del Archivo Nacional de Identificación (ANI), porque eran ilegibles o porque estaban incompletas, entre otras razones.
Y la tercera fase es más técnica: los grafólogos de la Registraduría escogen una submuestra y la analizan y deciden cuáles firmas son aceptadas. Al proyectar esas firmas que los grafólogos determinaron como malas, la Registraduría llega al total de firmas nulas.
Esa nueva cifra de firmas inválidas se suma a las anuladas en la segunda fase y el resultado se extrapola a la cifra inicial de firmas que dejó la primera fase.
Es un proceso diseñado hace 17 años y además por estadistas que aplicaron fórmulas matemáticas.
El registrador para lo electoral Alfonso Portela explicó que ante “un escenario de más de 200 movimientos que se inscribieron por firmas, la Registraduría difícilmente podrá analizarlas una a una y por tal motivo se estableció una fórmula para que se pudiera revisar, no estamos diciendo que sea la mejor”.
Para el caso de Cali, entre las firmas de Rodrigo Guerrero aparecen firmando 29 muertos, 122 presos y siete mil personas que simplemente no existen.
Entre las firmas de Susana Correa aparecen 190 muertos, 150 presos y cinco mil colombianos que no existen. Ese número de firmas negadas, sumadas a otras que se eliminaron por no cumplir otros requisitos, finalmente dieron como consecuencia que no lograran alcanzar las 50.000 firmas que se le exigía a cada uno para poder validar su candidatura.
Alfonso Portela sostuvo que el caso que se presentó en la capital del Valle del Cauca “es una mancha que no puede afectar la elección en Cali y el resto del país, y nosotros somos los más interesados para que este tipo de denuncias se aclaren”.
Agregó Portela que la Registraduría adecuó una fórmula, que si bien no es perfecta ni mágica, brinda las debidas garantías. Sin embargo, aclaró que las personas que se sientan afectadas en Cali y en las distintas ciudades del país, que consideren tienen argumentos y piensen que el método no está bien utilizado por la Registraduría, pueden interponer los recursos pertinentes, sostuvo el funcionario.
Actualmente la Fiscalía asumió la investigación del caso para esclarecer qué fue lo que realmente pasó. Por su parte la Registraduría, ya tomó cartas en el asunto y ordeno investigaciones internas y removió del cargo al director de Censo Electoral, Hollman Ibáñez y nombró en su lugar a José Ignacio Córdoba Delgado.