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Santos pide a Cortes que retomen reforma a la justicia

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Cara a cara y no por micrófonos el presidente de las República, Juan Manuel Santos, y los presidentes de las altas cortes, ayer una vez más por el contenido de la Reforma a la Justicia.

En un tono más conciliador, el presidente Santos pidió a las altas cortes que regresen al debate de la reforma constitucional en el Congreso “proponiendo fórmulas, esgrimiendo argumentos y contribuyendo dialécticamente para que la reforma constitucional a la justicia salga adelante de la mejor manera” y  volvió a señalar que ya no estará en manos del Jefe de Estado la facultad de ternar a personas para el cargo de la Procuraduría.

“Se decidió conservar en las Cortes dichas funciones nominadoras con la cual creemos que se contribuye a crear un mejor equilibrio entre los poderes”, dijo al señalar que la Reforma a la Justicia no es un texto “escrito en piedra ni con tinta imborrable”. No obstante, el Jefe de Estado no precisó si ya hay un consenso o no en el Congreso para retirar o modificar el artículo que actualmente dispone lo contrario en la Reforma. Sobre este punto, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez Aranguren, consideró que esa facultad nominadora no debe entenderse como un “privilegio” de las Cortes sino dentro de lo que significa el esquema de pesos y contra pesos en una democracia.

El presidente Santos defendió un artículo de la Reforma con el cual los magistrados de las Cortes están abiertamente en desacuerdo. Se trata de la iniciativa de entregarles facultades jurisdiccionales a notarios y abogados, en aras de la descongestión judicial, salvo para decisiones penales o para ponerle fin a un proceso. Para el Presidente Santos no se trata de quitarle el monopolio de la solución de conflictos o la Rama Judicial sino que sería “ampliar el abanico de los actuales operadores judiciales para descongestionar.

Eso no es privatizar la Justicia ni romper con la independencia de los poderes públicos”. No obstante, en varias oportunidades las Cortes han considerado que de esta forma se pierde la autonomía y la independencia del juez y que no debe elevarse a rango constitucional una medida que como reiteró el presidente Santos será transitoria.



Cortes se niegan

Luego de la petición del presidente Santos para que las Cortes regresen al debate, voceros de dos de éstas dijeron que su regreso tendría que analizarse y, en todo caso, estaría condicionado a reales facultades de intervención.

El magistrado Gómez Aranguren señaló que no duda de las buenas intenciones del presidente Santos y de los Congresistas pero consideró que “a veces por bien intencionado se puede incurrir en defectos de fondo que afectan al sistema de la estructura del estado de derecho, se puede afectar al país en tanto que dichas propuestas pueden significar quitarle la consistencia de lo que significa jueces independiente y autónomos”.

Por eso, para Gómez el regreso dependería de un análisis “de fondo” sobre los temas que se han cuestionado y que, a juicio del Consejo de Estado, debilitan a la Rama Judicial en vez de fortalecerla. Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Ricardo Monroy Church, aseguró que se tendrían que considerar qué posibilidades reales de participación tendrían en el Congreso para que sus propuestas sean escuchadas y tenidas en cuenta.

Diferencia de cifras

Datos distintos revelaron el presidente Santos y el presidente del Consejo Superior de la Judicatura sobre cuánto tarda la justicia en resolver un caso.

Según Santos, el informe‘Doing Business 2012’ del Banco Mundial, Colombia ocupa el puesto 149 entre 183 países analizados, en términos de percepción de eficiencia en la resolución judicial de controversias contractuales.

“Como si fuera poco, el país se ubica en el lugar 177 entre 183 en el sub-indicador de celeridad, lo que sitúa a la justicia colombiana como la séptima más lenta del mundo y la tercera más lenta en América Latina y el Caribe”.

Según Monroy Church, ese informe de percepción se hace a un grupo de oficinas de abogados que encontraron que un proceso judicial se demora 1346 días. “El poder judicial solicitó los servicio de otra oficina del Banco Mundial y una investigación de campo para saber cuánto se demora un proceso judicial y encontramos que en promedio se demora 333 días y no los 1346”, dijo.


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