Se inician procesos sancionatorios contra publicidad política irregular

Según un informe de la Brigada de Espacio Público, asignada a la Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, son 27 los candidatos que se han “desbordado” en su publicidad. La contaminación visual desenfrenada que están generando en Cartagena los avisos o propaganda política exterior, motivó al alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, José Ricaurte Gómez, a empezar de oficio los correspondientes procesos sancionatorios. Para lo anterior se ampara en la Resolución 1142 de 2009 del Consejo Nacional Electoral, que recoge la Ley 140, y la normatividad distrital consignada en el Acuerdo 41 de 2007. En ese sentido, es de estricto cumplimiento el auto mediante el cual se inicia proceso administrativo sancionatorio, se ordena el desmonte de la publicidad electoral y se remite la denuncia al CNE. Los infractores que mantienen “un desbordado ejercicio de publicidad electoral ilegal”, según informe de la Brigada de Espacio Público asignada a la Alcaldía de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, son: –Héctor Julio Alfonso López, Antonio Correa, Héctor Pérez y Aldo Lora del PIN. –Daira Galvis, Javier Cáceres, William García Tirado y Jhony Copete, de Cambio Radical. –Jorge Lequerica, Javier Posada, Julio Varela, Pedrito Pereira, Óscar Reyes y Marta Curi, del Partido Conservador. –Lidio García y Luis Fanor Verbel, del Partido Liberal. –Carlos Ng Chin, de Apertura Liberal. –Máximo Noriega e Iván Moreno, del Polo. –Alfonso Anaya Lorduy y Clara Calderón, de Alas. –Frank Ricaurte y Alberto Bernal, del partido de la U. –Silfredo Morales, María Blanco, Gustavo Granados y Uriel Salgado, por las negritudes. Así las cosas, ellos deben desmontar los avisos de sus campañas, y aquellos que ya desmontó la Alcaldía Local, le cobraran los costos de esta labor a los partidos, además de las multas que deberán pagar los candidatos que resulten responsables. Las multas están contempladas desde 1,5 salarios mínimos mensuales vigentes ($772.500) hasta 10 salarios ($5’150.000). Estas sanciones se harán efectivas mediante jurisdicción coactiva.