Se ordena sorteo para elección de conjueces en caso chuzadas

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó el sorteo de una nueva sala de conjueces que estará a cargo del proceso que se sigue contra la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y el exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno por el caso de las chuzadas.
A pesar de rechazar los argumentos expuestos por el abogado defensor de Moreno, Jaime Granados, que cuestionaron la imparcialidad de la Sala, los magistrados y conjueces de la Corte se vieron en la obligación de ordenar que se cambien los integrantes de la sala que sigue este proceso.
Esto no quiere decir que la Corte acepte la recusación presentada por el abogado Granados, sino que, por el contrario, al ver cuestionada la imparcialidad de la Sala, prefieren cambiar a sus integrantes. La Sala afirmó que el ser compañeros y colegas de los jueces afectados por las chuzadas no implica la no imparcialidad en el proceso, ya que los magistrados afectados lo fueron como particulares y como parte de un organismo del Estado.
Del mismo modo rechazó la Corte la afirmación de Granados con respecto a la elección de los conjueces por parte de los magistrados impedidos, diciendo que ésta se hizo conforme a la ley y que “de ninguna manera la víctima ha designado al juez de su caso, ya que éste estaba nombrado con anterioridad”.
Sin embargo, el abogado Jaime Granados declaró que la Sala Penal de la Corte era “una sala de lujo”, dado que estaba elegida entre los mismos jueces que son reconocidos como víctimas de los delitos imputados a su defendido Bernardo Moreno. También insistió en que la fórmula de elección de los jueces debería ser entre la Procuraduría y la Contraloría.
De esta forma, la audiencia quedó aplazada hasta una nueva decisión de la Corte en este tema.
LAS INTERRUPCIONES
A lo largo del día, la audiencia fue constantemente interrumpida por las decisiones que debían tomarse a lo largo del proceso. Primero porque a la audiencia acudieron víctimas que no estaban mencionadas en el documento de acusación de la Fiscalía General de la Nación, y los representantes de éstas aspiraban a ser reconocidas como tales en este proceso.
Luego de deliberar, los conjueces de la Corte denegaron la solicitud de reconocimiento argumentando que la Fiscalía aún no había reunido la totalidad de las pruebas para determinar el grado de victimización de los mencionados. Es decir que sólo serían reconocidas como víctimas la exsenadora Piedad Córdoba, el exsenador Gustavo Petro, Yidis Medina, y algunos magistrados de la Corte.  Así mismo, la Corte anunció que esta negación no implicaba que posteriormente no pudieran ser reconocidas como tales en otro proceso.
La siguiente interrupción se dio cuando la Corte solicitó a los abogados de los afectados que eligieran entre ellos a dos representantes para que fueran los únicos que intervinieran a nombre de todos a lo largo de la audiencia. Ante la dificultad de los abogados para ponerse de acuerdo en esto, la Corte procedió a elegir a los representantes a través de un sorteo realizado públicamente.
Cuando finalmente se decidió esto, los Conjueces solicitaron a todas las partes expresar si consideraban que la Corte o alguno de los jueces no tenía la competencia para juzgar a los acusados. En este momento Jaime Granados, el abogado defensor de Bernardo Moreno intervino para presentar su recusación a los conjueces por sus dudas en cuanto a la imparcialidad de los mismos.
Según Granados, el hecho de que los Conjueces de la Corte fueran elegidos por los Magistrados impedidos, al ser víctimas de los hechos imputados, era una razón suficiente para dudar de la imparcialidad de la Corte y por lo tanto una violación a los derechos de los acusados. Esto generó que la Corte entrara en otro receso y sólo saliera hasta las ocho de la noche para ordenar la elección de una nueva sala de conjueces.