Seguridad ciudadana: nuevo desafío del Gobierno Santos

Representantes de la Administración Distrital de Cartagena, presentes en el debate, le pidieron al Gobierno Nacio-nal mayor compromiso en la lucha contra la ilegalidad. En la Comisión Primera de Senado se realizó un amplio debate sobre seguridad ciudadana, con la presencia, entre otros funcionarios, los ministros del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, y de Defensa, Rodrigo Rivera; el actual Fiscal General de la Nación (e), Guillermo Mendoza Diago y alcaldes de las principales ciudades del país. La principal conclusión a la que se llegó, tras casi 4 horas y medida de debate, es que uno de los principales retos que enfrentará el Gobierno Santos será la seguridad ciudadana, y que para ello se fortalecerán las medidas para afrontar la lucha contra las bandas criminales. Para el ministro Vargas el tema de las bandas criminales que azota al país “no es un fenómeno aislado o de una sola ciudad“, pues el surgimiento de estas bandas está relacionado con el mantenimiento de formas de vida asociadas a la ilegalidad tras la reincidencia de hombres que hicieron parte de los procesos de desmovilización de los grupos paramilitares. Vargas anunció que, ha quedado demostrado que en Colombia actualmente conviven cinco grupos criminales, a los cuales calificó como “macroestructuras desarrolladas” con redes organizacionales y logísticas establecida. El Jefe de la Cartera del Interior y de Justicia expresó además que las cinco bandas criminales en Colombia (Urabá, los Machos, los Rastrojos, los Paisas y Renacer) se han dividido el país en seis regiones presentando formas de proceder similares a las de las Maras salvadoreñas y que no hay una doctrina especializada para manejar el tema de la criminalidad en ciudades como Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Montería y Bogotá. Sobre el tema, el actual Fiscal, Guillermo Mendoza Diago, afirmó que la Fiscalía debe desarrollar una nueva doctrina para manejar estos problemas con el fin de “desenmascarar los diversos procedimientos usados por las ‘bacrim’. En ella, anunció Mendoza Diago, se deben incluir “normas excepcionales que contemplen la modificación del Código Penal y el Código de procedimiento Civil”, pues según dijo estos nuevos grupos manejan formas de asociación en torno a delitos que la ley aún no ha recogido. Menores de edad Por otro lado, según Vargas Lleras, uno de los principales problemas que afronta el Gobierno es que la no imputabilidad de delitos a menores ha convertido a la población infantil y juvenil en “la carne de cañón de las situaciones asociadas con la ilegalidad derivadas del conflicto armado”. El propio ministro Vargas pidió que el problema también se aborde con políticas integrales que trabajen desde medidas especiales de orden operacional (aumento de recursos, tecnología) hasta el aumento de pena para delitos cometidos pormenores de edad. Adicionalmente pidió impulsar cinco políticas para afrontar la violencia: poner en marcha los comités regionales, crear observatorios de seguridad ciudadana, orientar desde Consejo Nacional de Política Criminal una estrategia para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y descentralizar localmente los consejos de política criminal. Más recursos En este punto, surgió la propuesta que el Ministerio del Interior reorientara recursos para brindar apoyos a los alcaldes locales en la lucha contra la inseguridad. Para Vargas Lleras es vital recentralizar gastos como el de excesos vehiculares y casas fiscales para colaborar en la lucha contra las bandas criminales. Por su parte, autoridades locales como Alonso Salazar, de Medellín, y representantes de gobiernos de ciudades como Cartagena expresaron que el Gobierno Nacional debe comprometerse más en la lucha contra la ilegalidad en las ciudades. El propio Salazar resaltó que la situación de Medellín es complicada y que el asunto requiere de mayor presencia de la Fiscalía General de la Nación así como un énfasis especial de las fuerzas policiales, las cuales, propuso, deben prepararse de forma especial para afrontar a las organizaciones ilegales urbanas. En el mismo sentido se pronunciaron delegados de la Alcaldía de Cartagena, quienes enfatizaron que “es necesario que se desarrollen cuerpos especiales de vigilancia y seguimiento en las ciudades” donde es más difícil detectar la relación entre el crimen individual y las organizaciones ilegales. También se enfatizó en el tema de la educación como factor disuasivo de la violencia, pues al mantener a los jóvenes más tiempo en tareas educativas y poderles plantear diferentes alternativas, dejarán de ser “caldo de cultivo” para los violentos. Por su parte, el Ministro de Defensa declaró que la guerra contra las bandas criminales “no son batallas de flores” y que no están siendo enfrentadas “con aficionados”. Para el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, el tema no pasa por revisar las leyes sino por estudiar la forma en que las normas están actuando en las ciudades, por combatir temas como la cultura de la ilegalidad y la de la extorsión. Según el Ministro, “los colombianos deben estar tranquilos porque la fuerza pública tiene valor y está dispuesta a correr los riesgos necesarios para garantizar la seguridad y la tranquilidad”. Política de seguridad Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, anunció que el Gobierno nacional lanzará en los próximos días una política de seguridad ciudadana, para enfrentar los problemas de delincuencia y de orden público que tiene el país. El alto oficial dijo que los titulares de las carteras del Interior y de Justicia, y de Defensa vienen trabajando con un equipo de expertos y esperan tener un primer borrador en los próximos días. Otro de los mandatarios que intervino fue el alcalde encargado de Cali, Hernán Sandoval Quintero, quien resaltó la importancia de desarrollar una política integral que atienda los entreverados cruces entre estructuras armadas desmovilizadas, delincuencia común y redes de narcotráfico.