Seis años y ocho meses de cárcel a Silfredo Morales

Por delitos relacionados con peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, cuando se desempeñó como alcalde de Marialabaja, Bolívar. Como una injusticia definió el representante a la Cámara por las negritudes Silfredo Morales Altamar, el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual lo condenó a 6 años y 8 meses de prisión. Los delitos por los que es procesado Morales Altamar, están relacionados con peculado por apropiación y celebración indebida de contratos, cuando se desempeñó como alcalde de Marialabaja, Bolívar. El alto tribunal ordenó la captura del parlamentario, la cual se produjo en la mañana de ayer, para luego llevarlo hacia el mediodía, al Búnker de la Fiscalía, en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), donde fue reseñado. El Representante permanecerá en ese lugar por lo menos una noche, y luego será puesto a disposición de la Corte Suprema para que ésta determine en qué cárcel deberá ser recluido. Silfredo Morales dijo que solo le queda esperar, toda vez que sus abogados están trabajando sobre el fallo a ver si se puede solicitar la detención domiciliaria, ya que este pasa a revisión del Juez de Ejecución de Pena. “Eso es injusto, el Alcalde siguiente pudo terminar la obra, sin embargo dejo pasar el tiempo, hasta hizo corralejas en ese lugar y después puso el denuncio”, dice Silfredo Morales, quien sigue con su investidura como Congresista. Solicitud de condena Desde marzo de este año, la Procuraduría General de la Nación había solicitado a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, condenar al Representante Morales Altamar, por su responsabilidad en los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación, cuando se desempeñó como Alcalde de Marialabaja, Bolívar. Los hechos se relacionan con la ejecución de un convenio de cofinanciación suscrito entre el Municipio y Ecopetrol para el mejoramiento de escenarios deportivos en Marialabaja, en cuya ejecución, el entonces Alcalde hizo la contratación sin el lleno de los requisitos exigidos por la ley. Dentro de las irregularidades encontradas están el no haber elaborado los estudios previos y falta de planeación en la ejecución de los trabajos, lo cual quedó demostrado al adquirir un sistema de iluminación sin tener la postería requerida para su instalación y, a pesar de ello, se dio por recibida la obra. Para la Procuraduría, el proceso contractual fue ajeno a los principios de transparencia y selección objetiva, por cuanto se convocó a presentar ofertas de manera diferentes a lo consagrado en las normas de contratación estatal y porque se privilegió una oferta sin haber definido en forma integral los criterios y factores para la selección de la mejor propuesta, atendiendo solamente el menor precio. A juicio del Ministerio Público, se cometió peculado por apropiación porque en el contrato existían dos momentos de pago, cada uno por el 50%, uno para ser entregado como anticipo y el otro una vez recibida la totalidad de la obra a entera satisfacción, sin embargo, se dieron por recibidas unas obras no ejecutadas, pues ninguna de las lámparas fue instalada, con lo que se generó un detrimento a los bienes del Estado y una apropiación por parte del contratista. Libertad provisional Por estos hechos el Representante había recibido la imposición del brazalete electrónico, medida que fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en septiembre de 2009, la misma Corte, por intermedio del magistrado ponente Alfredo Gómez Quintero, profirió un auto mediante el cual se le concedía la libertad provisional a Silfredo Morales. En su momento, el Representante bolivarense anunció que de inmediato asumiría sus funciones legislativas en la Cámara, en las que se encontraba hasta ayer.