Política


Sicariato no se combate con armas sino con prevención

ELÍAS BARRIOS TOUS

30 de abril de 2010 12:01 AM

Un llamado a la Administración Distrital para reformar la estrategia de seguridad en Cartagena, hicieron la senadora Daira Galvis y el concejal Antonio Salim Guerra Torres, por las últimas acciones que ha emprendido el sicariato en la ciudad. El Concejal, conocedor del tema por sus estudios en investigación criminal, sostiene que la creación de un batallón de Policía Militar, tal como se anunció por parte del Ministerio de Defensa, para penetrar los barrios de Cartagena, es un acto ilegal, inconstitucional y peligroso. Explica que es ilegal por que la ley establece que la investigación de los delitos y el procedimiento penal debe estar en manos de la Policía Judicial, conformada por CTI, DAS y SIJIN, coordinada por la Fiscalía General de la Nación. Es inconstitucional, continúa, porque la Constitución Nacional establece que sólo en casos de una perturbación grave del orden público, que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, entre otros requisitos, las fuerzas militares podrían tener actuaciones de Policía Judicial. En esto punto, la Senadora Daira Galvis agrega que podría ser peligroso que los soldados, habiendo recibido un entrenamiento para la guerra en los campos del territorio nacional, y no para la investigación de los delitos y persecución de los infractores de la ley penal en las calles de la ciudad, en algún momento puedan poner en riesgo los derechos civiles de los ciudadanos y las garantías procesales establecidas en el Código de Procedimiento Penal. MÁS INTELIGENCIA Ambos, consideran que el problema antes que fuerza, necesita más inteligencia y los servicios efectivos para llegar al origen del mal, el cual a su juicio es ampliamente conocido. “Los sicarios no se combaten con armas sino con acciones dirigidas a su prevención”, dice Guerra Torres. A su vez, la Senadora dice que la presencia de los militares podría traer efectos contraproducentes para la vocación turística de la ciudad, ya que quienes nos visiten pueden percibir, como efecto contrario, un ambiente de inseguridad que amerita la presencia de los uniformados. Así las cosas, tanto Salim Guerra como Daira Galvis, invitan a la Administración Distrital y a la Policía a no darse por vencidos, ya que pedir la intervención de la fuerza militar, se podría interpretar como un “tirar la toalla” por parte de las autoridades. En su lugar, proponen una reforma de las políticas en materia de seguridad, con la participación de todos los actores de la sociedad.

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