Tumbar’ la Reforma a la Justicia por medio de un referendo tardaría meses

El mismo día que el Congreso de la República realizó la conciliación para que entrara en vigencia la controvertida Reforma a la Justicia, ya varias organizaciones no gubernamentales, senadores y miembros de la rama judicial, estaban pensando en convocar un referendo derogatorio para ‘tumbarla’, al considerarla como un retroceso en la justicia y “una garantía para la impunidad”, que solo beneficia a los congresistas.
Para echar abajo una Ley, existen tres mecanismos, el más común es el referendo derogatorio, le sigue la demanda de inconstitucionalidad y por último una reforma a la Constitución, que en este caso sería “improbable”, ya que se realiza mediante un acto legislativo que sea aprobado altamente en el Congreso, “pero muy difícilmente ellos van a cambiar de opinión”, explicó en diálogo con Colprensa, el director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, Armando Novoa.
Según el exconstituyente, él junto a varios senadores que votaron en contra de la reforma, organizaciones no gubernamentales y estudiantiles, preparan un referendo que pondrá a elegir a los colombianos si están o no de acuerdo con la nueva ley de justicia.
Representantes del Partido Polo Democrático Alternativo fueron los primeros en salir adelante con la idea de un posible referendo.
“Ya los estudiantes, docentes y parte de la rama judicial están estudiando un referendo revocatorio de este acto injustificable e inexplicable de las mayorías del Congreso de la República que contó con el voto negativo del Polo Democrático”, aseguró Clara López, miembro de esa colectividad.
Otra vía que suena para ‘tumbar’ la reforma y que muy posiblemente acompañe al referendo, se refiere a la demanda de inconstitucionalidad “que se presenta ante la Corte Constitucional, por parte de la coalición ciudadana”, indicó Novoa.
Pero el camino más viable para echar atrás la polémica ley, es el referendo derogatorio, una acción popular que por lo menos tardaría alrededor de 6 meses, mientras se realiza la recolección de firmas de ciudadanos equivalentes al censo electoral, se crean los equipos, se desarrolla una estrategia de campaña y se instalan algunos comités regionales.
“Necesitaríamos millón y medio de firmas, para que la Registraduría convoque al referendo”, señaló Novoa, quien afirmó que para “el próximo martes vamos a pedirle al Registrador que inscriban el grupo de promotores”.
El número de firmas se establece a partir del cinco por mil de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral, lo que equivale alrededor de 1.500.000 de participantes.
Básicamente, los primeros pasos para llevar a cabo esta acción, empiezan por la “inscripción del grupo de promotores ante el Registrador Nacional, inscribir la iniciativa (legislativa), ella (la Registraduría) entrega los formularios para recoger las firmas, hay un plazo de seis meses para recogerlas a partir de la entrega de los formularios”, dijo el excontituyente.
Antes de vencerse el plazo de seis meses, los promotores deberán entregar los formularios debidamente diligenciados. La Registraduría procederá a la verificación de la autenticidad de los respaldos y tendrá un mes para certificar el número total de firmas consignadas, comprobados los datos y aceptadas las condiciones y la iniciativa legislativa, se dará luz verde para la convocatoria del referendo, siempre y cuando los requisitos se hayan cumplido en un 100 por ciento en los plazos establecidos.
Superadas las exigencias anteriores, los convocantes tendrán un plazo para realizar sus respectivas campañas en busca de un voto positivo de aquellos colombianos que también rechacen esta reforma a la justicia, que para ese tiempo, ya tendría alrededor de 8 meses, si no es más, de funcionamiento.
En caso de ser aprobado, el Presidente de la República será quien deba sancionar la norma y tendrá un término de 8 días para promulgarlo, a partir de la declaración de los resultados por parte de la Registraduría del Estado Civil. (Lea más sobre la Reforma a la Justicia)