Vargas Lleras pidió a la ONU precisar denuncias sobre chuzadas

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, le pidió este lunes a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, que precise cuáles son los casos de ejecuciones extrajudiciales e interceptaciones ilegales que, según el alto organismo, se siguen presentando en el país.
“Es bueno que esas denuncias, contenidas en el informe de la Alta Comisionada presentado hoy (lunes) en el país, se precisen, porque no se puede generalizar que siguen existiendo interceptaciones ilegales. No es verdad, no hay interceptaciones ilegales”, afirmó Vargas Lleras.
Y en relación con lo expuesto por el organismo internacional sobre la protección a líderes de restitución de tierras, el jefe de la cartera política reiteró que el Gobierno Nacional está brindando toda la seguridad que ellos requieren.
“En el Ministerio del Interior les estamos brindando protección a los dirigentes de los procesos de restitución de tierras que lo han solicitado y el Ministerio de Defensa es el encargado del aseguramiento de aquellos territorios que van a ser objeto de la restitución”, explicó Vargas Lleras.
Así mismo, el jefe de la cartera política dijo que “no hay que olvidar que solo llevamos un mes y medio, en donde ya se están llevando las primeras denuncias ante la jurisdicción de tierras, los jueces agrarios ya empezaron a cumplir sus funciones”.
LAS DENUNCIAS DE LA ONU
El informe de la ONU hizo observaciones al tema de la inteligencia militar, en el que a partir de la Ley de Inteligencia, que en teoría ayuda a supervisar esta actividad, se pide al Estado colombiano hacer un seguimiento estricto a la depuración de los archivos de inteligencia recaudados ilegalmente por el DAS.
A pesar de que la ONU reconoció que en los últimos 4 años se ha batido un avance en términos de la reducción de las ejecuciones extrajudiciales, señaló que esta práctica no ha sido totalmente erradicada en Colombia. El informe resalta que estos casos se han presentado incluso en Bogotá y hace referencia al asesinato del joven grafitero Diego Felipe Becerra a manos de un policía, el cual vincula con una ejecución extrajudicial.
Para la Comisión, en Colombia "hay demasiadas violaciones a los Derechos Humanos por parte de los diferentes organismos del Estado", razón por la cual el Estado debe hacer un seguimiento estricto a esos casos  y tomar medidas similares a las que se implementaron en 2008 cuando se propuso ofrecer una mejor compensación a los agentes de la Fuerza Pública por un guerrillero capturado o desmovilizado, que por uno muerto.
En informe de la ONU también reclama a la justicia colombiana porque de los 1.652 casos que tiene la Fiscalía, desde 2008 cuando se conoció el escándalo, solo se han presentado 158 sentencias condenatorias por ejecuciones extrajudiciales. En este sentido se solicitó a la Procuraduría General de la Nación que, por un lado, haga seguimiento a los procesos contra militares, y por el otro siga impartiendo sanciones y destituciones a estos, “con el objeto de que el victimario no pueda estar en posición de repetir el crimen contra la población civil”.