Un nuevo capítulo se abre en lo relacionado con el convenio entre la Caja de Compensación Familiar (Comfamiliar) y la Gobernación, para operar el proceso de entrega de ayudas que provienen de Colombia Humanitaria en el Departamento de Bolívar.
En esta oportunidad, la representante a la Cámara por el Partido de la U, Sandra Villadiego, señala que la empresa contratada por Comfamiliar para atender a los afectados por las inundaciones, “es de fachada”.
Villadiego, quien asegura que prepara en el Congreso un debate de control político sobre el manejo de las ayudas en Bolívar, dice que la entidad que se ganó la licitación para el suministro y distribución de los kits de aseo, la Fundación Autogestionaria Roca de Refugio, no presta sus servicios en la dirección que suministró en el registro de Cámara de Comercio que anexó para participar en la convocatoria de Comfamiliar, el cual tiene fecha del 28 de enero de 2011.
“La sorpresa que nos llevamos, cuando constatamos la dirección, que es en Barranquilla, es que allí queda una casa de familia, más no una empresa que se ganó una licitación cercana a los $3.500 millones. También llamamos al número que aparece en el registro de Cámara de Comercio, y lo que responden es: “este número está fuera de servicio”, dice la Congresista.
Para Sandra Villadiego, esta situación le da la razón, cuando advirtió en este mismo medio que se estaban contratando con empresas que no tienen la infraestructura para atender esta emergencia invernal que –sostiene- ha desbordado todos los pronósticos.
Otro de los señalamientos que hace la Representante, es que dentro de los pliegos que abrió Comfamiliar, exigió como requisito a las empresas que se postularon, que tuvieran solvencia económica, y la Fundación Autogestionaria Roca de Refugio, según la Cámara de Comercio, tiene un patrimonio de $10 millones.
El Universal supo que en los certificados de Cámara de Comercio de esta empresa figuran Carlos Toro Oviedo, presidente, y Samuel Saravia Agámez, vicepresidente, y Alfredo Hernández del Río, Senén Sallas Macella y Emma Better Sánchez, principales.
Por todo esto, la Representante cuestiona el modelo de los operadores que ha implementado Colombia Humanitaria para la atención de los afectados por el invierno.
Agrega que se hace innecesaria dicha intermediación porque genera costos adicionales, cuando las gobernaciones tienen infraestructura para atender esta clase de eventos, razón por la cual solicita mayor control y vigilancia para que “empresas fantasmas o de garaje; con poca experiencia, tal como señala el certificado de Cámara de Comercio el objeto de la Fundación es más de temas espirituales o sicológicos, y sin infraestructura, terminen con estos contratos millonarios”.
Sobre el contrato para la entrega de alimentos, El Universal conoció que en dicha empresa, figura el apellido Pulido.
ESPERA LOS RESULTADOS
Al respecto, el director Administrativo de Comfamiliar, Felipe Mendoza, sostuvo que ante los señalamientos, decidieron encargar a dos empresas con reconocimiento nacional para que hiciera un informe de todo el trabajo hecho.
Según Mendoza, los resultados de este informe los enviaron a la Gobernación de Bolívar y a la Contraloría, que es finalmente el órgano de control idóneo para juzgar si hubo o no irregularidades. “Ahí veremos quién tiene la razón. Nosotros hemos dado la transparencia necesaria al proceso. Estaremos atentos a lo que señale el informe”, dijo Felipe Mendoza.
CONTROL DE ADVERTENCIA
Sobre este contrato, la Contraloría General de la Nación el dos de mayo pasado, envió un control de advertencia al gobernador de Bolívar, Alberto Bernal Jiménez, en el que alertan sobre sobrecostos en los precios de los alimentos y de los elementos de aseo que se entregaron a los damnificados del invierno. Hoy se vence el plazo para presentar las propuestas para suministrar más kits de alimento y de aseo, para la segunda etapa de la entrega de ayudas. Unos de los requisitos exigidos a los contratantes es que todos los insumos suministrados sean colombianos.
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