En mora de políticas públicas, es decir, de ejecutar acciones concertadas con la sociedad para mejorar las condiciones de vida de la población, en especial de los grupos más vulnerables; está la Alcaldía de Cartagena.
Líderes de jóvenes, mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales, sostienen que en la ciudad no se está dando oportuna respuesta a sus necesidades, y mucho menos a sus problemáticas. En diálogo con El Universal, contaron cómo ha sido su lucha para que se creen y ejecuten políticas públicas, y en qué estado permanecen las mismas.
“Estamos en nada”
Deyder Henriquez Matos, integrante de la Plataforma Distrital de Juventudes, creada en el año 2016 en Cartagena, afirmó que “desde otros espacios, desde hace 10 años, los jóvenes estamos exigiéndole al Distrito la realización de una política pública de juventudes capaz de comprender las realidades que más nos afectan, principalmente que identifique cuáles son las causas que las generan, para impactar desde las causas, que se articule la oferta institucional y los programas respondan a las verdaderas necesidades de los jóvenes”.
No obstante, gobiernos van y vienen, y la política pública no se formula ni se adopta. “En el año de ‘Mariamulata’ (exalcaldesa Judith Pinedo) se creó el documento ‘Jóvenes constructores de ciudadanía’, y se supone que era la política pública, pero solamente la adoptó el Consejo de Política Social (...) ‘Mariamulata’ se fue y jamás la aprobaron en el Concejo, eso es letra muerta.
“Después, con Dionisio Vélez Trujillo, se hizo otro documento, mucho más largo. Se recogieron propuestas a desarrollar en 10, 15 años. Pero como el de Vélez era un gobierno atípico, de dos años, el Concejo no lo vio con buenos ojos, porque no participaron muchos jóvenes, no se comprendía y presupuestalmente no estaba ajustado a la realidad fiscal del territorio”.
Henriquez agregó que en 2017, “presentamos una propuesta tentativa a la Alcaldía, una metodología para construir nuestra política pública. Nos respondieron que no había plata y a fin de año se retomó el proceso con Arianna Castro (entonces secretaria de Participación y Desarrollo Social). Con ella se pudo avanzar. Trajimos a la Procuraduría para que presionara al alcalde (e) Sergio Londoño, y se pactaron tres compromisos”.
Estos eran: destinar $80 millones para implementar la metodología y construir el anhelado documento; entregar una sede dotada en la Biblioteca Distrital Jorge Artel para la Plataforma Distrital de Juventudes; y generar espacios de concertación y decisión. Sin embargo, “Londoño se va y dice que la plata la tiene Yolanda Wong, en la Secretaría del Interior. Nos reunimos con ella y los $80 millones nunca aparecieron”, dijo el líder juvenil. El pasado 16 de mayo, la ahora alcaldesa encargada sostuvo que el dinero no llegó a su dependencia.
Henriquez recalcó que de los compromisos pactados con Londoño el único que aún “tiene vida” es la entrega de la oficina, pero “llevan tres meses adecuándola”.
Nuevo acercamiento
Lineth María González Arrieta, también integrante de la Plataforma Distrital de Juventudes, manifestó que en reunión con la nueva secretaria de Participación y Desarrollo Social, Claudia Anaya, “expresamos nuestros inconformismos”.
Recibieron una voz de aliento. “Nos dijo que nos sentáramos a concertar la política pública: jóvenes y el Distrito. Antes nos dejaban por fuera, nos decían “manden una ruta metodológica” y cuando íbamos a preguntar cómo quedó no nos respondían”, dijo la joven, señalando que “estamos esperando que nos digan qué día nos pueden abrir el espacio para supuestamente iniciar nuestro plan de trabajo con ellos”.
Preparan foro
La necesidad de una política pública es un debate que los jóvenes quieren plantear en la ciudad. Para ello, se alistan para realizar un foro a finales de este mes. “Queremos debatir la política pública desde la mirada de las universidades y a partir de nuestra visión, experiencia y conocimiento, como jóvenes. Queremos que asistan los jóvenes. Más que un foro de ponencias y de intercambiar opiniones, queremos que los jóvenes se acerquen, se hagan partícipes de este escenario, aporten ideas, se vinculen al proceso”, afirmó Marcos Muñoz Posada, de la Plataforma Distrital de Juventudes.
Sin impacto en las mujeres
Quienes sí tienen una política pública en Cartagena son las mujeres. No obstante, tener el valioso documento no les ha sido prenda de garantía para mejorar sus condiciones de vida.
Inilse Mercado Olascoaga, integrante de la Mesa del Movimiento Social de Cartagena y Bolívar, sostuvo a El Universal que “fueron muchas las acciones en los primeros cuatro años: la campaña contra la violencia ‘Oye men no le pegue a la negra’, hogares de acogida, diplomados de empoderamiento, liderazgo y formación, dirigidos a mujeres; y escuela política con mujeres de las Juntas de Acción Comunal (JAC), para que no solamente las pusieran a hacer tinto, arreglar la mesa o coger asistencia. Pero esta política, que fue diseñada en 2008 con un horizonte a 12 años, no ha tenido ningún impacto en los últimos seis años”.
Sobre por qué quedó en letra muerta, Mercado precisó que “uno, creemos que la misma administración ha desconocido la política pública, ni siquiera la menciona en el Plan de Desarrollo, y las acciones que diseñaron allí no tienen que ver con las que están en la política. Además, esta no ha sido evaluada, no tiene indicadores de gestión ni de resultado, ni impactos, y esa es una falencia de la Oficina de la Mujer, que no ha podido, no tiene la capacidad técnica ni administrativa para transversalizar la política pública y evaluarla”.
Lamentó que “hoy tenemos una administración que no habla de políticas públicas para las mujeres sino de algunas acciones y que se vuelve una administración que no garantiza los derechos de las mujeres. Cada día la violencia contra estas se hace mas evidente, aumenta, y el movimiento de mujeres siente que no hay acciones contundentes para la atención o protección de esas mujeres víctimas. La atención es ineficiente, no hay acceso a la justicia”.
Algunos obstáculos
Según la lidereza, tan solo con llegar a una de las instituciones competentes para recibir denuncias por violencia intrafamiliar, “el portero hace a las mujeres interrogantes no permitidos: “¿usted sabe lo que va a hacer?, ¿sabe que si denuncia a su compañero él va a ir preso?”. Las mujeres salen pesimistas, desconcertadas y, dicho por ellas, creen que esas instituciones no llenan sus expectativas y tienen mucha desconfianza. Incluso muchas han manifestado que cuando llegan a estas instituciones para denunciar maltratos, los mismos funcionarios inciden en que ellas no pongan la denuncia porque les dicen que eso va a traerles consecuencias más graves, por lo que es mejor que desistan y lleguen a una conciliación; esto es prohibido”.
Cartagena, “sacada” de política LGBTI
“La política pública distrital tiene un génesis real en la que se construyó en el 2015 en la Gobernación de Bolívar, en la administración de Juan Carlos Gossaín. Cuando se levantó la línea base de esta política pública, se suponía que respondía a los requerimientos y necesidades de la población LGBTI de todo el departamento de Bolívar, lo cierto es que cuando fue pasando el tiempo, Cartagena fue como siendo sacada de ese grupo de beneficiarios, solamente se cobijaba entre comillas a los municipios del sur de Bolívar”, dijo Christian Howard, coordinador del colectivo Calleshortbus y vocero de la Mesa LGBTI.
“Lo cierto es que ni a uno ni a otro -resaltó- cuando revisamos la aplicabilidad real de la política pública, uno se da cuenta que hay un problema estructural que ha impedido que se cubran las necesidades, incluso de municipios donde supuestamente está siendo aplicada (...) si uno va a la Gobernación de Bolívar o al Distrito, hablando en nombre de la población LGBTI, no recibe atención diferencial, no entiende dónde están los recursos, dónde puede solicitar apoyo real.
“Son entidades que brindan un acompañamiento ilusorio para cumplir con la norma, pero en términos prácticos, operativos, no brindan nada y eso es lo realmente importante. Ejemplo de ello es el caso de Rolando Pérez (activista gay asesinado hace 11 años. Su crimen sigue en la impunidad). La ciudadanía tiene que saber que Cartagena no tiene política pública, que el departamento tiene un documento que solamente sirve para tomarse la foto, porque en términos de aplicabilidad no hay absolutamente nada y eso es muy triste, se sigue repitiendo la historia del subregistro”.
Howard aseguró que en una visita del Ministerio del Interior “se dieron cuenta de la precaria situación en la que vivimos la población LGBTI. Ellos tendrían que explicar con cifras cómo ha sido el acceso a la salud, a la educación, al trabajo y la vida digna. Pero como no existen entonces simplemente muestran fotografías de reuniones con funcionarios públicos de sus mismas entidades, en las que primero, solo se capacitan ellos, y segundo, no vemos avances reales porque estos funcionarios tampoco es que estén actuando de manera responsable con nuestros derechos.
“Además, el Distrito entiende como la necesidad de la población LGBTI el cumplimiento de una marcha en noviembre y el apoyo a otra, de vez en cuando, en las localidades. Se entiende que nuestra participación solamente incluye la salida en público (...) Una necesidad real es la construcción de un documento que recoja la particularidad de la población LGBTI del Distrito”.
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