Mujeres, población LGBTI, afrodescendientes, pacientes y personas con discapacidad, deberían tener un trato especial por ser población vulnerable.
En los últimos años, en la ciudad y el departamento, han surgido varias iniciativas para evidenciar mucho más la protección de sus derechos. Pero hoy, ¿cuál está funcionando?, ¿qué pasará con ellos en tiempos de cambio político? Hicimos un recuento de las más recientes, algunas de ellas dejaron de operar por falta de presupuesto.
Observatorio Distrital Anti Racismo
En julio de 2015, durante la alcaldía de Dionisio Vélez, empezó a funcionar el Odar, coordinado por Edwin Salcedo y la historiadora Estella Simancas. Durante los meses que tuvo contrato con el Distrito, el Odar recibió 30 denuncias por discriminación y de ellas, el caso del taxista agredido por una mujer fue emblemático. “Ese caso sigue en la Fiscalía, porque no ha tenido un doliente que siga con la línea de acción”, comentó Edwin Salcedo.
También hicieron la campaña ‘Ser negro es hermoso’ que, en datos del director, logró un 85% de recordación en la ciudad, así como más de 3 mil publicaciones con el hashtag #SerNegroEsHermoso. En el ámbito académico hicieron 12 investigaciones, estableciendo casos de discriminación, así como determinando barreras para el acceso de población afrodescendiente a altos cargos del sector privado.
El Odar estuvo funcionando hasta noviembre de 2016, fecha a partir de la cual sus representantes hicieron acercamientos con la administración de Manolo Duque para establecer un nuevo contrato pero nunca se logró.
“Para la no renovación, la alcaldía no nos dio nunca una respuesta razonable. Les expusimos los nuevos estudios, los planes para el 2017, pero ellos simplemente determinaron que no era interesante”, dijo Edwin Salcedo. Al parecer también recibieron propuestas inapropiadas en el manejo de los recursos asignados para adjudicación del contrato, que rechazaron y ahora siguen sin convenio con la alcaldía.
Hoy el observatorio busca su funcionamiento con apoyo de la cooperación internacional y este mes harán un relanzamiento con trabajo de voluntariado. “Después de que el observatorio entró en este letargo funcional, se han dado varios casos de discriminación, incluyendo el de una empleada doméstica que no dejaron entrar al Club Naval”, indicó Salcedo.
“En pleno goce de nuestros derechos”
La política pública de la mujer en la ciudad fue firmada en 2008, pero ya existía una Oficina de la Mujer, creada en 2003 durante la administración de Carlos Díaz Redondo. Desde la administración de Judith Pinedo, la oficina fue la encargada de direccionar la política pública, bajo las directrices de brindar atención a las mujeres desde la perspectiva de derechos; acompañamiento y acercamiento a las víctimas del conflicto armado, y articulación en ese acompañamiento con otras entidades.
¿Cuál ha sido el problema? “Pregunta si la violencia de género es tratada de manera seria en Cartagena, si impulsa liderazgos, si genera escenarios para que las mujeres se desarrollen más allá de la ama de casa y de celebraciones en el día de la Mujer o de la Madre”, comentó un líder para dar luces de la situación.
El problema de la aplicación de la política es, según un documento de análisis de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres, que nunca se establecieron indicadores de seguimiento y evaluación a la política pública, así como la dependencia organizativa de la Secretaría de Participación, lo que limita la asignación de rubros.
“A pesar de contar el Distrito con una política construida con mucha fortaleza entre el movimiento de mujeres y la administración de la entonces alcaldesa Judith Pinedo Flórez, no ha habido desde entonces voluntad política para crear una instancia rectora, como la Secretaría de las Mujeres y géneros, para que esta pudiera desarrollarse”, reza el documento de la Mesa de Mujeres.
Defensoría del paciente
El programa ‘Primero’ el paciente fue una de las revelaciones de la administración Duque. Se inició en febrero del año pasado y durante su primer año atendió 1.434 solicitudes. En junio de este año se quedaron sin contrato y según Henry Vergara no se renovó porque no pudo hablar con el alcalde encargado, Sergio Londoño, para explicarle la importancia del programa.
Dentro de los casos emblemáticos tratados por la oficina, se encuentra el de Isis Karina, niña que vive en San Estanislao de Kostka y sufre de vejiga neurógena. Luego de que El Universal pusiera en contacto al médico con la niña, la defensoría logró que agilizaran las autorizaciones para exámenes que debían hacerse en Medellín.
La defensoría sigue funcionando en cabeza del doctor Henry Vergara y Carolina Duzán, pero ahora con el apoyo de la Fundación Unidos por la Justicia, entidad internacional con la que la oficina se apoyó para pedir las medidas a favor de niños con enfermedades hemato oncológicas ante la CIDH.
Política pública de discapacidad
El 29 de junio de 2010 se firmó en la ciudad la política “Claves para la participación con inclusión social”, bajo la administración de Judith Pinedo. El objetivo de este documento era equiparar oportunidades, reducir la discriminación y compensar las diferencias sociales que se presentan, facilitando la participación de las personas con discapacidad en el Distrito. El documento asegura que fue resultado de un “proceso de construcción colectivo”, donde se integraron los diferentes actores implicados, pero en la realidad fueron muy pocos avances que se dieron durante los cinco años siguientes.
En el 2015, como una forma de que el documento no se perdiera, se realizó en la ciudad el primer cabildo abierto por la discapacidad en el país y se fijaron tres compromisos, entre ellos la actualización de la política pública, caracterización de la población y la dinamización del sistema integral de discapacidad.
Según datos de la Corporación Mar Adentro, en noviembre de 2015 se actualizó la política pero quedó faltando la actualización del censo, pues el Ministerio consideró que no estaba completo, ya que según el DANE, a 2005, en la ciudad había más de 49 mil personas con discapacidad, pero en el registro de caracterización solo aparecen 17.788.
Raquel Molina, fiscal de la corporación, aseguró que hace falta voluntad por parte de la Secretaría de Participación para cumplir con las mesas de actualización.
Sin respuestas
El Universal intentó comunicarse con la alcaldía para consultar sobre la situación de las políticas públicas, el ODAR y la Defensoría del paciente, pero no obtuvimos respuestas.
La perla: Política pública diversa del departamento
La primera política pública en diversidad sexual del Caribe fue realizada en el departamento de Bolívar. Firmada en el 2015, en la administración de Juan Carlos Gossaín, pretendía generar “transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales en las realidades de las personas LGBTI en Bolívar”.
Pasado a nueva administración, el documento pareció tener poca prioridad hasta el punto que organizaciones diversas como Calleshortbus empezaron a preguntar qué pasaba con la política. En un derecho de petición de septiembre de 2016, Christian Howard solicitó a la Gobernación de Bolívar que le informaran acerca de 4 puntos, relacionados con el presupuesto departamental para atender los temas relacionados con la población LGBT, el porcentaje de ese presupuesto determinado para la ejecución de la política pública, los proyectos o planes desarrollados en el departamento y las secretarías o departamentos que están ejecutando proyectos con la población.
A los pocos días, la Secretaría de Víctimas y Derechos Humanos respondió la petición diciendo que estaban a la espera de apropiaciones presupuestales para asignar los recursos de la política pública, pero que se había creado la Mesa de Seguimiento a la problemática de la Población LGBTI.
Este año los asuntos de diversidad pasaron a la Secretaría del Interior. Según Sandra Tovar, se encuentran en empalme con la Secretaría de Víctimas desde hace dos semanas y por ello no podían especificar las acciones actuales, pero que están en reestructuración para que la política vaya más acorde con el entorno de diversidad sexual e incluirle ambiente y Derechos Humanos.
Según Christian Howard, solicitante del derecho de petición, el problema de la política es que las necesidades y propuestas que en el documento de la línea base se marcan de obligatorio cumplimiento, no se están dando así, sino que los reemplazan con “dos presentaciones, te llevas a un líder y disfrazas eso de incidencia política”, pero no se están implementando políticas que ayuden a los LGBT para que entren al escenario laboral, que disminuyan los escenarios de vulnerabilidad.
Según Howard, lo que resulta de eso es un proceso truncado, dependiente de manejos políticos y de corporaciones.
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