Al termino de su periodo frente a la Corporación el presidente de la Duma, Miguel Aguilera Romero, quien considera que fue un año positivo, y que pese a que estuvo enmarcado por elecciones, la interinidad en la Gobernación y los últimos meses la emergencia invernal, sostiene que aprobaron normas tendientes a proveer herramientas para el desarrollo departamental.
Sesiones y proyectos
En cuanto cifras, el diputado Aguilera, de Cambio Radical, sostiene que sesionaron en 68 oportunidades de forma ordinaria y 19 de carácter extraordinario, donde fueron estudiados proyectos del Gobierno Departamental que buscaron la autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales, realizar operaciones de crédito público, estructurar el esquema financiero del Plan Departamental, para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento en Bolívar.
Entre los proyectos que destaca Aguilera Romero, está la petición que hizo la Gobernación para crear una contribución para el deporte y la recreación en Bolívar; las facultades para modificar la estructura orgánica del Departamento, ajustar las funciones generales del nivel central y la clasificación de los empleos; establecer la promoción de los establecimientos educativos a Centros Educativos, entre otros.
Otro proyecto importante, dice, es el que da las directrices para el reglamento interno de la Corporación.
“Es el 01 de 2010: ‘Por medio del cual se expide el reglamento interno de la Asamblea Departamental de Bolívar’, el cual da los instrumentos que ayudarán a materializar las aspiraciones y funciones de la Duma, con normas actualizadas y acorde con el momento histórico, político y económico que afronta el Departamento”, expresa Miguel Aguilera y resalta que en general se estudiaron asuntos relacionados con agua potable, hacienda pública, rentas, y educación.
Control Político
Sobre los debates de control político, quizá entre los más destacados está el de la ESE Regional, la cual se solicitó su liquidación por tener problemas en la atención de los bolivarenses.
Aguilera Romero sostiene que como resultado del debate, la Contraloría Departamental adelanta investigaciones a la ESE Regional Bolívar, por un posible detrimento patrimonial, por supuestos malos manejos que alcanzarían los $700 millones.
Otro debate que se adelantó, fue al contrato entre la Cruz Roja y el Departamento, cuyo objeto consistía en llevarle agua potable a 22 municipios en época de sequía.
“Este fue un debate al que comparecieron funcionarios de la administración departamental, que dieron explicaciones a los cuestionamientos formulados por los diputados y que permitieron la adopción de correctivos frente a las irregularidades detectadas”, dice el Diputado.
Nuevo municipio
En este período, dice el Presidente de la Duma, la Asamblea aprobó y tramitó la petición formulada al Gobierno Departamental por el comité “Pro-municipio Brazuelo de Papayal”, para realizar una consulta popular que permita crear el municipio de Brazuelo de Papayal, que se segregaría de los municipios de San Martín de Loba, el Peñón y Regidor.
Según un comunicado de la Registraduría, la consulta sería el domingo 23 de enero de 2011.
A mejorar la sede
En este año, según Aguilera Romero, se gestionó ante el Ministerio del Interior y de Justicia la adecuación de las instalaciones físicas donde funciona la Asamblea Departamental de Bolívar, proyecto que tiene un valor de 1.587,512.121 y que será cofinanciado entre el Ministerio del Interior, con $ 1.527.512.121 y la Gobernación de Bolívar, con un aporte de $ 60.000.000, que corresponden a la etapa de pre inversión y mantenimiento del proyecto.
Procesos Jurídicos
Actualmente, Miguel Aguilera explica que cursan contra la Asamblea algunas demandas y procesos judiciales, entre los que señala una solicitud de cancelación de obligaciones tributarias a cargo de la Corporación, por concepto de retención no girada, correspondiente a los periodos 1999 al 2000, por $228.195.000 millones. A estos valores se agregan los intereses y actualizaciones a que haya lugar.
Otra es una acción popular especial – Constitucional, formulada por Jorge Eliecer Quintana Sossa, por la violación de derechos colectivos violados y amenazados, la Moralidad Administrativa y el Patrimonio Público, donde se plantea un juicio a la legalidad de la actuación de la administración, relacionada con la liquidación de la remuneración de los Diputados y sus prestaciones sociales para las vigencias fiscales expiradas, correspondientes a los años 2007, 2008 y 2009.
En esta el demandante aduce la violación de la ley 617 de 2000, y se apoya en un concepto emitido en noviembre de 2009 por la Contralora Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, de la Contraloría General de la República, Gerencia Departamental de Bolívar, dentro del Informe de Auditoría Gubernamental Integral.
En su informe, Aguilera asegura que en la actualidad esta acción está pendiente para que se le fije fecha de audiencia de pacto de cumplimiento.
Finalmente el Diputado menciona el proceso de Responsabilidad Fiscal adelantado por la Contraloría Departamental de Bolívar, que se deriva de los hallazgos remitidos por la Contraloría General de la República, relacionado con la auditoría realizada en la Gobernación de Bolívar, donde el departamento de Bolívar para la vigencia 2007, se encontraba en categoría tercera y en 2008 en segunda categoría, pagando a cada diputado remuneraciones que sobrepasaban las mencionadas categoría.
“Sobre esto, la Asamblea Departamental solicitó por intermedio del apoderado el cierre y archivo definitivo de la investigación, ordenada mediante auto 001 de agosto 2010.
En la actualidad se surtió el proceso de notificación de pliegos de cargo. De la misma forma la Procuraduría Regional abrió Investigación preliminar por el mismo asunto” dice Miguel Aguilera.
Presupuesto
En cuanto al presupuesto de la corporación, dijo que el asignado en la vigencia fiscal de 2010 fue de $2.980.689.533, el cual asegura que se ejecutó el 100 por ciento.
“Se distribuyeron en servicios personales asociados a la nómina, contribuciones inherentes a la nómina, adquisición de bienes y adquisición de servicios. También se logró atender necesidades de funcionamiento sin incurrir en déficit alguno”, explica el Diputado de Cambio Radical.
Agregó que durante la presente vigencia fiscal, la planta de personal no fue modificada y demandó gastos de $ 2.774.215. Ante la reducida nómina de personal que tiene la Corporación para su funcionamiento, y la necesidad de garantizar una adecuada defensa judicial de la misma ante los procesos administrativos y judiciales que cursan en su contra. “Para eso se contrató los servicios de un profesional del derecho que se encargan de su defensa”, puntualiza.
En lo interinstitucional
En su balance de gestión, el Diputado también señala que con el apoyo del Gobierno Departamental, la Corporación organizó y realizó el Foro Regional “Regla Fiscal y Finanzas Territoriales. La RET: Recursos y Competencias”, cuyo propósito fue el de conocer el contenido y el alcance de la reforma fiscal y financiera presentada por el Gobierno Nacional al Congreso de la República, así como también el contenido y trámite de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT).
También dice que se gestionó la creación del Capítulo Caribe de la Federación Nacional de Asambleas Departamentales -Fenade, conformado por las corporaciones de los departamentos del Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Sucre, del que se logró la primera presidencia del capítulo.
Política
“Hoy Bolívar cuenta con más herramientas para su desarrollo”
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