“Tenemos todos los soportes necesarios para demostrar que hemos desarrollado el contrato de forma legal (...) pueden escrutarlo como quieran”, dijo René Osorio, representante de la Concesión Vial, luego de conocerse que se adelanta un proceso de revisión fiscal a la operación del Corredor de carga por hallazgos en una auditoría que realizó la Contraloría distrital.
La concesión, que firmó el contrato con el Distrito hace 19 años, aseguró que no es parte del proceso que adelanta la Dirección de Responsabilidad Fiscal, pues este se le realiza al Departamento Administrativo de Valorización distrital; y que el informe de la Contraloría contradice los conceptos reportados por los mismos funcionarios del ente de control en 2012.
“El mismo equipo que hizo la auditoría en noviembre de 2016 fue el que hizo una auditoría integral en 2011 y 2012, y asumió una posición diametralmente opuesta ante los mismos hechos, porque señaló que sí se puede calcular la Tasa Interna de Retorno (TIR) y ahora dice todo lo contrario”, destacó Osorio.
Ante el cuestionamiento del cambio de parecer sobre los mismos aspectos, la Contraloría respondió que los funcionarios tenían la autonomía para cambiar su posición, según lo manifestado por la Concesión Vial.
Osorio también cuestionó el que Organizaciones No Gubernamentales (ONG) suministraron información tergiversada sobre la auditoría de la Contraloría a medios nacionales.
“Esto se trata de un informe preliminar por unos hallazgos que conllevan a juicio fiscal, es decir, apenas comienza el proceso que determinará si los hallazgos son definitivos (...) las ONG deberían tener seriedad para transmitir una investigación o informe, debieron documentarse primero. No sé si les dieron la información a medias o con otro fin”.
Contrato terminaría en 2020
Los hallazgos de la Contraloría están relacionados con el modelo financiero que se pactó para recuperar la inversión y obtener ganancias en el Corredor de carga y se señala que la Concesión Vial tuvo un excedente de 7.535 millones de pesos (a precios corrientes) que, según el informe de la auditoría, no se invirtió.
Además se indica que la TIR acordada (17,22%) no es posible calcularla con el modelo financiero implementado y que se recuperó en enero de este año, por lo que la asociación estaría recibiendo dinero de más.
El Universal conoció un oficio en el que la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), supervisor del contrato de concesión, desestima los señalamientos de la Contraloría.
“Sí es posible calcular la TIR del 17,22% de acuerdo con el modelo financiero pactado (...) la TIR a corte de marzo de 2017 está en el 15,42% y de acuerdo con las proyecciones pactadas se estaría alcanzando a finales del 2020”, dice el escrito.
René Osorio afirmó que no es la primera vez que el contrato de concesión se somete a revisión pues antes ha enfrentado procesos jurídicos en los que demostraron que han actuado bajo la ley.
“La Fiscalía hizo una investigación por el contrato de la Transversal 54 y hubo una acción popular en el gobierno de Judith Pinedo por la supuesta violación de derechos colectivos pero en ambos procesos fallaron a nuestro favor”.
Este medio se comunicó con el Departamento Administrativo de Valorización distrital pero informaron que el líder de este despacho, Carlos Carmona Sanjuan, está fuera de la ciudad y que tan pronto regrese hablará sobre el caso.
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