Varios inmuebles del Centro Histórico de Cartagena vienen siendo remodelados sin respetar las normas que propenden por la conservación del patrimonio arquitectónico de esta ciudad.
Así lo dio a conocer la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Cartagena (Asocentro), cuyos miembros aseguraron que el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) tiene conocimiento de estas denuncias, pero no ha aplicado los correspondientes procesos sancionatorios en contra de esas construcciones.
Rafael Camacho Castillo y Jorge Rocha Rodríguez, directivos de Asocentro, elaboraron un informe mediante el cual relacionan proyectos construidos sin licencia ni aprobación del IPCC.
Estos proyectos son:
Hotel Tom, en la calle Larga, del barrio Getsemaní; Hotel Simón Bolívar, en la avenida Carlos Escallón; Hotel Casa Ébano, en la calle de La Magdalena, barrio Getsemaní; Hotel India Catalina, en la calle del Coliseo; construcción de tendales para eventos de área de servicios, frente a la Alcaldía de Cartagena y Centro de Convenciones; y construcción de un conjunto habitacional tipo motel y construcción en cubierta de un nuevo piso en el edificio Báladi, calle del Tablón, esquina.
Anotaron que las anomalías también se presentan en la zona insular, donde se están levantando edificios, por causa de los cuales ni la Curaduría Urbana, ni el IPCC, ni el Ministerio de Cultura se han pronunciado.
Sin embargo, Jorge Rocha Rodríguez, quien también pertenece al Comité Técnico de Patrimonio del IPCC, dijo reconocer que el problema de esa entidad es la falta de personal que esté pendiente con frecuencia de lo que hacen los inversionistas con los inmuebles.
“También debe buscarse un mecanismo de cómo meter en cintura a los infractores, porque normalmente se les hace un proceso jurídico y se les termina imponiendo una multa, que ellos pagan sin ningún problema, pero siguen haciendo lo que les venga en gana con el inmueble”, dijo Rocha.
Asimismo, indicó que el IPCC da curso a los procesos sancionatorios, “pero cuando se presenta la hora de demoler una construcción, el impedimento que sale a relucir es que no tienen presupuesto, cuando quien debe asumir esos gastos es el constructor infractor. En esa incertidumbre, la construcción violatoria se demora hasta un año en ser demolida”.
Para los de Asocentro, en estos momentos el patrimonio arquitectónico de Cartagena está en manos de los depredadores, por la falta de personal del IPCC, lo que permite que algunas obras no sean revisadas y sus constructores avancen sin ningún impedimento en cambiarle los estilos originales a los inmuebles.
“Los cartageneros no estamos respetando las reglas de juego que acordamos con la Unesco, en cuanto al cuidado del patrimonio arquitectónico. Por un lado, hay inversionistas que ni siquiera contemplan a las autoridades locales, sino que consiguen todos sus permisos directamente con el Ministerio de Cultura; y por el otro, se conciben, en las narices de todo el mundo, grandes construcciones violatorias, pero nadie las ve sino cuando ya las terminaron”, agregó Rafael Camacho.
El director de la División de Patrimonio del IPCC, Alfonso Cabrera, dijo que mañana dará respuesta a estas inquietudes.
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