La Procuraduría General de la Nación, a través de la seccional Cartagena, abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la alcaldía, por presuntas irregularidades presentadas en la planeación y selección del operador del Programa de Alimentación Escolar en la ciudad.
La medida fue adoptada tras la decisión de la Secretaría de Educación de declarar desierta la convocatoria pública que buscaba contratar al operador del servicio para 2018.
El ente de control solicitó a la Secretaría de Educación los soportes del proceso precontractual adelantado, así como un informe detallado del estado actual del PAE en la ciudad y la forma como se va a ejecutar, para proteger el derecho a la educación de 89 mil alumnos.
¿Por qué aún no se ha contratado el PAE?
Según el Decreto 1852 de 2015 del Ministerio de Educación, con respecto al Programa de Alimentación Escolar, los entes territoriales deben, entre otras cosas, garantizar la prestación del servicio de alimentación desde el primer día calendario escolar y durante la respectiva vigencia. Sin embargo, ya pasó el primer semestre escolar y los estudiantes de Cartagena no recibieron alimentación ni un solo día.
Ya son dos los intentos fallidos de contratación, el primero fue en febrero cuando hubo una subasta que quedó descartada sin motivos, y que tenía un valor de $17 mil millones, y el segundo intento, fue cuando participó La Unión Temporal PAE Alimentando Cartagena 2018, el Consorcio Acción Social, y el Consorcio Nutrición Escolar Cartagena 2018, cuyas propuestas fueron rechazadas por el comité evaluador del Distrito.
En la audiencia en la que se dio a conocer la no aprobación de las ofertas presentadas, el Consorcio Nutrición Escolar Cartagena 2018 interpuso un recurso de reposición contra el acta de declaración desierta debido a que, según ellos, no les dieron garantías y el comité evaluador no se ciñó a la ley para adelantar los trámites de evaluación.
La secretaria de Educación, Claudia Almeida, manifestó que, “estaba pendiente la sustentación del consorcio que ya fue presentada, se radicó el 12 de junio. Ahora, hay que surtir primero el trámite de la sustentación, estudiarlo, emitir la decisión, y ya resuelto el tema, se hace uso del mecanismo que establece la ley a través del proceso, dependiendo de cual sea la determinación que se tome”.
El monto que se dispuso para el contrato es de $ 24.424 millones 819 mil 920 pesos, el cual aumentaría la cobertura de estudiantes, al disminuir los días calendario durante los cuales no operó el PAE.
Investigaciones contra funcionarios en el país
El órgano de control también abrió una investigación contra el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y en otro proceso formuló pliego de cargos contra el mandatario (e) de Putumayo, Óscar Darío Mallama Quetama.
En el caso de Villamizar Laguado, también son investigadas la gobernadora encargada, Sonia Arango Medina, y la secretaria de Educación, María Fabiola Cáceres Peña, por presuntas irregularidades en la adjudicación de cuatro convenios para ejecutar el PAE, los cuales suman un monto superior a los $51.000 millones.
Según las indagaciones del Ministerio Público, la gobernación adjudicó los convenios a través de contratación directa con lo que presuntamente habría omitido citar a una convocatoria pública, como lo establece la ley.
Además, para la Procuraduría también hay indicios de un presunto sesgo a la hora de escoger al contratista, la Corporación de Desarrollo Social Tanai Jawa, al parecer, dejando de lado requisitos como la idoneidad y experiencia para desarrollar el contrato.
Sobre el caso contra el gobernador encargado de Putumayo, Óscar Darío Mallama Quetama, su secretario de Educación, Jorge Enrique Ferrín Dorado, y el jefe de la oficina de contratación, José Luis Moreno Lozano, se precisó que el proceso se relaciona con presuntas irregularidades en la planeación, celebración y ejecución de un contrato por más de $9.900 millones, para el suministro de alimentación a estudiantes de las instituciones educativas del departamento en el 2017.
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