En la audiencia de medida de aseguramiento contra los tres funcionarios públicos y dos exservidores capturados, el representante de la Procuraduría designado para el caso, hizo una serie de anotaciones que podrían incidir en la decisión del juez sobre el tipo de detención para los sindicados.
Las observaciones del funcionario del Ministerio Público están relacionadas con los cargos imputados por la Fiscalía, por supuestas irregularidades en la firma, realización y liquidación de un contrato suscrito en 2011 entre la Alcaldía Local 1 y la empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe) por $1.501 millones.
Los involucrados son Amaury Lora y Mauricio Betancourt, exalcaldes de la Localidad 1, Ramón Expósito, gerente Edurbe y Boris Burgos y Alfonso Echeverría, interventores del contrato.
Los sindicados, detenidos por la Dijín el martes pasado y contra quienes se solicitó medida de aseguramiento, fueron acusados de peculado por apropiación en beneficio de terceros.
Adicional a este delito, que tiene una pena mínima de 14 años, Betancourt, Lora y Expósito fueron señalados por celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales y el último de estos también enfrenta el cargo de abuso de autoridad por omisión de denuncia.
A los interventores Burgos y Echeverría se les imputó el delito de prevaricato por omisión.
“No hay peculado”
Durante su intervención, el representante del Ministerio Público señaló que no sería posible acusar ni a Expósito y ni a Betancourt del delito de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales por la liquidación del contrato en marzo de 2015, pues tal acción no es extemporánea como lo indica la Fiscalía, toda vez que el contrato estaba suspendido y no habría vencido su término legal.
El funcionario de la Procuraduría indicó que el delito de peculado por apropiación tampoco podría imputársele ni Expósito, ni a Betancourt ni a Echevarría, pues estos funcionarios no estuvieron involucrados en la contratación y era muy probable que cuando llegaron a sus cargos, un par de años después, ya se hubieran dispuesto de los recursos del contrato, por lo que no había de qué apropiarse.
Frente a la solicitud de detención domiciliaria de Boris Burgos, quien alega padecer de una cardiopatía y de Alfonso Echeverría, quien argumentó que por pertenecer a la tercera edad no puede ser recluido, el funcionario destacó que no son argumentos válidos para determinar el tipo de medida de aseguramiento.
Respecto a Amaury Lora, el representante de la Procuraduría estuvo de acuerdo en los delitos imputados y con que debería dictarse aseguramiento en establecimiento carcelario.
El Ministerio Público cuestionó el tardío proceder de la Fiscalía pues, según los documentos aportados como prueba, desde el 2011 se inició la investigación a este caso.
El juez de garantías a cargo, es quien decidirá si se impone o no la medida de aseguramiento contra los detenidos y de qué tipo será esta (carcelaria o domiciliaria), luego de analizar los argumentos de la Fiscalía y del Ministerio Público y revisar la jurisprudencia citada por estos.
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