La contrataciones que la Alcaldía de Cartagena ha tenido con la Empresa de Desarrollo Urbano, Edurbe, han sido blanco de críticas en la última semana por parte de Funcicar, debido al otorgamiento de más de $58 mil millones en menos de un mes, los cuales son desembolsados al 100%.
Hoy se conoció que la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales solicitó a la alcaldesa encargada de Cartagena, Yolanda Wong, la suspensión del contrato para la relimpia del caño Juan Angola, el cual es uno de los seis millonarios contratos que han sido entregados en los últimos días a la mencionada empresa.
Este contrato está por un monto de $14.999 millones y $750 millones por intermediación. El objeto contractual es “la gerencia integral para contratar obras de relimpias en el caño Juan Angola y de las lagunas de Marbella y el Cabrero”. Una de las críticas es la subcontratación por parte de Edurbe que incrementa los gastos en las obras y son otorgados a dedo.
“Los documentos no se fundamentan en estudios y análisis técnicos que establezcan la línea base ambiental de los cuerpos de agua a intervenir, se plantea que el contratista sería el que realice las batimetrías iniciales, siendo que las mismas debieron ser previamente realizadas por el Distrito de Cartagena para identificar las profundidades promedio de los cuerpos de agua en diferentes sectores especialmente los identificados como críticos”, se puede leer en el documento.
El Ministerio Público considera que la falta de estos estudios no permite que se determinen objetivamente las condiciones y especificaciones técnicas de las obras contratadas, y que dichas obras tal como están plasmadas, no corresponden a relimpia, sino a construcciones civiles como excavación y exploraciones de campo.
En el documento de la Procuraduría se añade, “al no contarse con la linea base ambiental de estos cuerpos de agua, ni haberse realizado batimetrías, no se entiende como se estableció que deben removerse 1.289.116.50 metros cúbicos de sedimentos. Tampoco se señalan las zonas específicas en que deben realizarse las relimpias ni cuánto material debe removerse en cada lugar”.
Sin garantías ambientales
La Procuraduría advierte que, “no se mencionan los permisos ambientales con los que el Distrito de Cartagena y/o Edurbe deben contar para el desarrollo del proyecto, a saber, permiso de ocupación de cauce, de aprovechamiento forestal con relación a los manglares que se encuentran en las orillas de los cuerpos de agua, de vertimientos, autorización de los sitios de disposición temporales y definitivos, y monitoreos sobre la contaminación de sedimentos”.
El ente público considera que con respecto a los sedimentos que se removerán y dispondrán en las orillas del cuerpo de agua, se deben identificar la carga de contaminantes que estos pueden tener.
Todo parece indicar que el Distrito desconoce si los sedimentos tienen la potencialidad de contaminar las áreas circundantes generando un problema de salud pública a los habitantes de estas áreas.
No se tiene en cuenta al sector “La Unión”
El sector "La Unión" es conocido por estar asentado en el caño Juan Angola, y su exponencial crecimiento a raíz de los rellenos al cuerpo de agua. Constituyendo uno de los mayores problemas, ya que son familias que llevan años viviendo en ese lugar, y para desplazarlos de ahí deben darles algunas garantías.
“No se entiende como el proyecto tiene como objetivo recuperar la sección hidráulica mínima requerida para la circulación adecuada de este cuerpo de agua, sino plantea la reubicación de este asentamiento informal; por otro lado al recuperarse la circulación de las lagunas Chambacú y El Cabrero y de la parte inicial del caño Juan Angola al llegar el caudal al sector de La Unión se generaría una amenaza grave por inundación y las consecuencias las deberá afrontar la administración distrital”, apunta la Procuraduría.
Por su parte, Yolanda Wong manifestó que, “muchas son falsas porque sí se tiene los soportes de algunos de los ítems. Tenemos el permiso de Cardique y lo vamos a aportar”.
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