Luego de que se conociera que el Gobierno nacional pediría la nulidad del fallo de la Corte Constitucional que en días pasados protegió a las comunidades afro asentadas en Playa Blanca, en la isla de Barú, estos pobladores alzaron su voz para exigir “que nos respeten nuestros derechos”.
Esta sentencia ha despertado polémica porque concedió a los afrodescendientes la protección de su derecho a la consulta previa y reconoció su diversidad étnica y cultural, de modo que deberán ser consultados sobre la realización de un proyecto turístico liderado por la sociedad comercial Playa Blanca Barú SAS, propiedad de las familias Santo Domingo y Echavarría.
Para lograrlo, el fallo ordenó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, así como a la Alcaldía de Cartagena, proceder a tramitar el registro del Consejo Comunitario de la Vereda Playa Blanca, en el término de 10 días siguientes a la notificación de esa medida.
Así mismo ordenó al Ministerio del Interior, al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) y al representante legal de Playa Blanca Barú SAS, “que en el término de 30 días, contados a partir de la notificación (...) inicien el proceso de consulta previa a la comunidad afrodescendiente conformada en el Consejo Comunitario de la Vereda Playa Blanca”.
María del Carmen García García, representante legal de la Asociación de Trabajadores del Turismo de Playa Blanca (Asotuplab), y Wilfrido del Río Estrada, fueron los promotores de las tutelas que dieron lugar al polémico fallo.
Esta sentencia señala que “el proyecto hotelero Playa Blanca Barú es una actividad de infraestructura que incide directamente en las prácticas tradicionales y en la economía de subsistencia que adelantan los integrantes de la comunidad de Playa Blanca”, y por ello deben ser consultados.
AFROS SE DEFIENDEN
El representante legal del Consejo Comunitario de la Vereda de Playa Blanca, José David Miranda, dijo que “Fonade y el Ministerio del Interior no quieren reconocer el fallo porque supuestamente nosotros no somos una comunidad diferenciada étnicamente sino comerciantes del sector que se agremiaron”.
Precisó que también argumentan que la representante legal de Asotuplab “no tiene vínculos ancestrales, ni relación cultural con nuestro territorio, cuando ella tiene 35 años de haber llegado a la comunidad, se casó con un nativo, tienen dos hijas de 29 y 25 años, y tres nietos”.
Miranda recalcó que si bien Carmen García es de origen español, el Decreto 1745 de 1995 establece que una persona necesita tener residencia permanente por 10 años y asumir las prácticas culturales de una comunidad negra para pertenecer a ella.
“Además el fallo no habla solo de García, sino que está protegiendo a toda la comunidad de Playa Blanca. Nosotros no tenemos ninguna financiación de extranjeros, nuestra única financiación es Dios. Somos una comunidad que trabaja de manera organizada en el turismo y la pesca porque de eso vivimos, son nuestras practicas tradicionales de producción”.
TRIBUNAL NO HA NOTIFICADO
Miranda dijo que “han pasado unas tres semanas del fallo y ni el Ministerio del Interior ni la Alcaldía han cumplido con registrar al Consejo Comunitario porque el Tribunal Superior de Cartagena no ha querido notificar”.
Advirtió que “esta demora se está dando para que los opositores puedan gestionar y tumbar el fallo; el martes fuimos a la Defensoría del Pueblo y allá le mandaron un derecho de petición al Tribunal para que informe por qué no ha notificado. En cinco días hábiles debe dar respuesta, sino tendremos que hacer algo grande para frenar este abuso”.
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