“En la noche llegaban pandilleros y atracadores, que tenían esto como pasadizo y este es un callejón de bolsillo. Lo que más nos preocupaba eran los niños que a esa hora estaban afuera y les podía pasar algo”, dijo Lucía Sotomayor, residente del barrio El Quindío, cuando se le preguntó por qué entre ella y sus vecinos decidieron cerrar la entrada de la calle con una reja metálica.
El Quindío es un barrio contiguo a Vista Hermosa y además de la calle que mencionó Lucía, que tiene rejas hace más de ocho años, hay otra que recientemente fue enrejada por el mismo motivo. Vecinos explicaron que decididos a combatir el problema de inseguridad, recogieron dinero entre la comunidad para fabricar el enrejado que mide cerca de dos metros de altura.
Esa misma problemática y la consecuente “solución” encontrada por los residentes se repite en otros barrios como San Pedro Mártir y Los Jardines y el sector Campo Bello de Nelson Mandela, donde aseguran que cuentan con más tranquilidad desde que bloquearon la entrada a ciertas calles.
Sin embargo, este medio conoció quejas de varias personas que aseguran que las rejas tienden a convertirse en una nueva problemática, ya que, por ejemplo, ante emergencias en horas de la madrugada “es imposible que entre una ambulancia o un taxi por las rejas instaladas”, según denunciaron.
El Universal consultó a la administración distrital sobre algún tipo de regulación o control respecto a la instalación de rejas, pero esta no es clara. La Policía Metropolitana señaló que ofrece una serie de programas de seguridad para disuadir a las comunidades del cierre permanente de sus vías, con el fin de prevenir nuevas problemáticas.
¿Quién controla?
En primera medida, este medio consultó a la Gerencia de Espacio Público, y la respuesta fue que esta dependencia no está directamente encargada de ejercer controles en comunidades en las que se han instalado rejas en espacios públicos o emitir permisos y licencias para ello.
“Todo encerramiento de cualquier bien de uso público sin la debida autorización de las autoridades es ilegal, ya que la Ley 388 de 1997 y el articulo 28 del Decreto 1504 del 98 prohíben cualquier ocupación o cerramiento permanente de los bienes de uso público, a menos que medie una autorización de las autoridades distritales, pero Espacio Público no emite esas autorizaciones. Nosotros no hacemos control urbano, ni damos licencias para intervención del espacio público, eso le corresponde a la Secretaría de Planeación. Nuestras funciones son más de tipo policivo”, explicó Adelfo Doria, gerente de Espacio Público.
Sin embargo, al preguntar sobre el tema en la Secretaría de Planeación, un vocero aseguró que esa obligación es de Control Urbano, división adscrita a la misma Secretaría.
Se conoció que a cada Alcaldía Local le corresponde realizar el control urbano en las zonas de su jurisdicción. La Localidad 3: Industrial y de la Bahía, es en donde están la mayoría de barrios en que vecinos han cerrado calles por inseguridad.
“Cuando tenemos conocimiento de esos hechos, nos trasladamos al lugar y realizamos los respectivos procesos para recuperar el espacio público, ya que este no se puede obstaculizar por nadie. Las diligencias que hemos adelantado por ese tema se realizan cuando se considera pertinente, retirando lo que obstruye la vía. En casos en los que se ha invertido mucho dinero para la fabricación e instalación de las rejas, pues tratamos de conciliar con las personas para ver qué hacemos con eso”, señaló Pedro Buendía, alcalde de la Localidad 3, sin dejar claro si se tramitan permisos formales para ello.
“Así se genera más conflicto”: Policía
El mayor Jorge Camargo, jefe de grupo de direccionamiento del Modelo de Vigilancia por Cuadrantes de la Policía, señaló que en estos casos la institución interviene para “desestimular a que las personas tomen estas medidas, porque los espacios públicos deben continuar siendo públicos. Además, estas medidas no son efectivas, generan más conflicto entre las comunidades, al separar a una de la otra”. Frentes de seguridad, escuelas de seguridad ciudadana, campañas de gestión comunitaria y comandos situacionales, son programas en los que la Policía trabaja de manera conjunta con las comunidades y a los que el mayor Camargo recomienda recurrir en lugar de cerrar una calle.
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