Hace dos días los mangueros descubrieron que desde hace más de dos semanas se realiza una excavación en el paseo peatonal de su barrio, entre la carrera 17B y la 18, para instalar un poste o torre que servirá para equipos de telecomunicaciones y de paso, para unas cámaras de seguridad. El hallazgo no les agradó.
Los vecinos insisten en que no es posible que realicen este tipo de obras sin consultarlo con ellos, y exigen que los trabajos sean suspendidos definitivamente pues no permitirán la instalación de ningún tipo de antena.
“Lo descubrimos por casualidad. ¿Puede creerlo? Pretendían ponernos una antena sin que nosotros nos diéramos cuenta, ¿acaso nos creen tontos?”, cuestionó enojada María Eugenia Eraso de Piñeres, habitante de la isla de Manga, quien sostuvo que si de las cámaras de seguridad se trataba, ella y todos los vecinos están dispuestos a poner de sus bolsillos para un poste de medidas convencionales, donde puedan ser instaladas.
En Manga ya se recogieron más de 350 firmas para pedir que se detenga definitivamente esa obra.
Lo peor es que, según la Resolución 0656 del 29 de enero del 2015, firmada por Planeación Distrital, hay otras nueve estructuras aprobadas en el marco del convenio entre Distriseguridad y la Federación Colombiana de Municipios, que a su vez suscribió otro con la empresa Collocation Technologies S.A.S. para el programa “Vigía Municipal”.
“Mediante esa resolución, firmada por Luis Cano Sedan, como secretario (e) de Planeación, se le concedió a esa empresa una licencia de intervención del espacio público para colocar antenas de telefonía celular en varios puntos de esta ciudad; entre otros una en la avenida Miramar de Manga, en zona expresamente prohibida por ser su uso principal el residencial, establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el numeral 2 del artículo 2º del Decreto 424 de 2003. Esa norma dice que no se permite la localización de antenas en lotes ubicados en zonas donde el uso principal sea residencial. En estas zonas solo se podrán ubicar antenas en las azoteas o cubiertas de los edificios multifamiliares”, explicó el asesor jurídico de Asomanga.
El Universal consultó qué es ‘Collocation Technologies’ y esto fue lo que encontró en su perfil de “quiénes somos” refiriéndose a la firma del acuerdo Vigía Municipal: “Esto nos coloca en una posición estratégica única dentro de los proveedores de infraestructura, pues permite acceder de manera más rápida a las licencias municipales y a sitios que de otra manera los municipios no aprobarían”.
Conociendo esta información, los vecinos se mostraron no solo sorprendidos sino aterrados, y dejaron claro que harán hasta lo imposible para evitar montar cualquier antena en su barrio, y en específico la que están pensando instalar en su paseo peatonal.
“A los vecinos jamás se les comunicó ni se les citó para que participaran e hicieran valer sus derechos. En efecto, el Director (e) de Planeación, para sustraerse de esa obligación citó el parágrafo segundo del artículo 39 del Decreto 1469 de 2010, pero este no existe”, indicó Asomanga.
Según indica la Resolución 0656 se harán excavaciones para hincar postes de 25 metros donde se instalarán, además de los equipos de telecomunicaciones, cámaras de vigilancia y luminarias en Bocagrande, Manga, Mamonal, Zona Norte, Alcibia y El Campestre.
"Es un gana-gana"
El director de Distriseguridad, José Ricaurte, explicó a El Universal detalles del convenio “Vigía Municipal”. “Donde pongamos un poste, por ponerlo ahí y ampliar la cobertura en avanteles, que además beneficia a la Policía Metropolitana y a los cartageneros, le estamos cobrando a ese operador dos cámaras adicionales a la que está en el poste, con la ventaja de que cada 5 años la tiene que cambiar y debe mantenerla por el tiempo que esté hincada la estructura. Esto le cuesta cero pesos al Distrito”, señaló Ricaurte, quien recordó el déficit de cámaras en la ciudad y el esfuerzo necesario para reforzar la seguridad. Además, el operador pondrá un centro de monitoreo y control nuevo.
“El proyecto da más beneficios y garantías para el sistema de vigilancia comunitaria”. Respecto al caso del paseo peatonal de Manga, Ricaurte sostuvo que se detectó un error de comunicación, “por eso dimos la orden de suspender la obra y le pedimos al contratista que haga la socialización del proyecto con todos los beneficiados, que es finalmente la comunidad”.
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