Representante legal de los nativos de Barú teme por su seguridad

Luego de que la Fiscalía Tercera delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena ordenara a Fonade, de manera provisional, restituir 89 hectáreas de un terreno conocido como La Puntilla en la isla de Barú a los herederos de la señora Amalia Julio; uno de los abogados de los nativos, Álvaro Baena, señaló que teme por su vida a raíz de algunas declaraciones radiales que señalan a su equipo como “un cartel que busca apoderarse de las tierras para entregárselas a un tercero”.

Esta acusación fue hecha por Gabriel Echavarría, conocedor de los terrenos en mención, quien dijo en entrevista con La W  que los predios en disputa son de Fonade y hay otras personas que quieren apoderarse de ellos. “Es increíble que un fiscal le diga a un Alcalde que no puede reclamar terrenos del Estado”, indicó el industrial. (Lea aquí: Fiscalía no puede tomar determinaciones sobre Barú: Supernotariado)

Baena, en entrevista con El Universal, dijo que este tipo de declaraciones solo alejan a las partes en conflicto, y puede generar riesgos para su integridad física y la de sus colaboradores por los intereses que se mueven alrededor de estos terrenos.

“Yo tengo miedo de que a raíz de esta lucha me pueda pasar algo, o a alguien de mi familia. Y ese miedo se debe a las declaraciones del señor Echavarria que nos pone en la picota pública como delincuentes al señalarnos como un 'cartel' y al frente de los fusiles de los que se dicen defensores de verdades insatisfechas. Esta puede ser la base para que atenten contra nosotros” afirmó el abogado, y añadió que “aquí no hay ningún cartel. Los nativos no cuentan con los recursos para contratar a un abogado, y nosotros les estamos ayudando durante más de 10 años para que recuperen lo que les pertenece por ley. Una vez se logre un acuerdo entre la comunidad y Fonade, o un juez confirme la decisión de la Fiscalía, nosotros cobraremos lo que nos corresponde según la ley y eso es todo. Acá no estamos buscando tierras para terceros, estamos buscando tierras para sus legítimos dueños”.

En el 2005, la abogada Mauricia Lafont Espriella, apoderada de los nativos en aquél momento, fue asesinada en su casa de Los Alpes junto a su hijo de 17 años. Aunque nunca se confirmaron los móviles del crimen, amigos cercanos de la mujer indicaron que el proceso más importante que ella llevaba estaba relacionado con la restitución de tierras en Barú. Álvaro Baena reseñó este caso como antecedente a sus denuncias.

“QUE EL PROCESO SIGA EN CARTAGENA”
Sobre la posibilidad de que el proceso sea enviado a Bogotá para que su resolución, Baena opinó que de hacerse, se abriría una puerta para que se maneje por debajo de la mesa para favorecer a Fonade y algunos grupos empresariales.

“Así como tengo miedo por mi seguridad, también temo por la posibilidad de que se lleven el proceso para Bogotá y allá lo manejen como manejan todo en este país. Debe seguir acá en Cartagena; cerca de los nativos y las personas que conocemos a fondo este proceso”, finalizó Baena.

Sobre estos hechos Fonade también se pronunció a través de un comunicado:

COMUNICADO FONADE

Fonade se permite  informar a la opinión pública en relación con la decisión de la Fiscalía Tercera delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena lo siguiente:
 
-Todos los bienes de propiedad de Fonade ubicados en la Isla de Barú,  aportados a la sociedad Playa Blanca Barú S.A.S para el desarrollo de un proyecto turístico, tienen su cadena de tradición con estricto ajuste a la legalidad y Fonade era, en el momento de la transferencia, el legítimo propietario de los inmuebles,  inscrito en pleno dominio en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes.
 
-Cuando la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Fonade adelantaron procedimientos para recuperar bienes fiscales del Estado ilegalmente ocupados, lo hicieron con el lleno de todos los requisitos legales y al  amparo de las normas vigentes y con el respeto de todas las garantías del debido proceso de los ocupantes ilegales, así lo dan cuenta más de veinte (20) decisiones judiciales en firme.
 
- Los bienes de propiedad de la Nación, hoy aportados a la sociedad Playa Blanca Baru S.A.S, tenían la naturaleza de bienes fiscales imprescriptibles, por lo tanto, nadie podía detentar derechos como poseedor en los referidos predios.
 
- La decisión de la Fiscalía – Seccional Cartagena, que no ha sido formalmente notificada a esta entidad, es una medida de carácter provisional, a la que la ley concede los recursos en defensa de los afectados. Se trata de un proceso penal en contra de los alcaldes menores de Cartagena que ordenaron las restituciones y que actuaron conforme a la ey. 
 
Las anteriores decisiones de la Fiscalía son respetadas por Fonade, pero no compartidas, razón por la cual accederá a todas las vías legales para defender sus derechos en calidad de tercero interesado, y explicar la legalidad del trámite que en su momento promovió la Nación a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONADE.
 
-Es importante resaltar que este fallo de la seccional de Cartagena desconoce otras providencias de la misma Fiscalía General De La Nación y otros actos administrativos en firme que han reconocido la propiedad de Fonade sobre los terrenos. 
 
Fonade, con el acompañamiento de la Agencia de Defensa Jurídica Del Estado, adelantaran todas las acciones que estén a su alcance para aclarar, defender y salvaguardar los terrenos frente a los cuales se ha producido la orden de restablecer el derecho a los ocupantes ilegales, de manera que el patrimonio público no se vea afectado.