“A esos turistas de gafas negras, chancletas y guayabera que vienen a llevarse la honra y dignidad de las niñas, niños y adolescentes de Cartagena, hay que repudiarlos”.
Este fue uno de los pronunciamientos del procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, durante la audiencia pública a la que convocó a funcionarios locales y nacionales, a representantes de diversos sectores, de organismos internacionales y a líderes sociales para abordar la explotación sexual infantil, que carece de acciones institucionales eficientes.
“Esto es puro crimen organizado, no se trata de organizaciones criminales transitorias, inofensivas y desarticuladas, todo lo contrario, hacen parte de una cadena en la que hay tráfico de drogas, lavado de dinero y trata de personas”, dijo Carrillo.
Agregó que el 60 % de las intervenciones de la Procuraduría en el departamento de Bolívar son por casos de delitos sexuales, que se ha priorizado a aquellos que tienen que ver con menores y que en el 87 % de los procesos que lleva el Bienestar Familiar, las víctimas son niñas y adolescentes.
Por estas cifra, el alto funcionario resaltó que las políticas públicas contra la explotación de menores deben tener un enfoque de género y que no se pueden revictimizar a quienes sufren los delitos sexuales, bajo el supuesto atenuante de que se consintió el hecho.
“Un turista nacional o extranjero que solicite acto sexual con menores por pagos o retribución puede tener hasta 37 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal, pero estas son normas que están invisibilizadas (...) en otros países lo primero que se dice en inmigración es el tema de sanción penal al que se expone un delincuente de este calibre ”, anotó el procurador.“No existe la prostitución infantil”Los paneles en los que participaron los funcionarios, líderes del sector privado y la sociedad civil fueron moderados por periodistas destacados por su trabajo en la denuncia de casos de violencia y explotación sexual.
Entre ellos, Jineth Bedoya, quien explicó que no se puede hablar de prostitución infantil cuando realmente se trata de explotación sexual infantil porque los menores no están en capacidad de decidir si se prostituyen o no. Resaltó que los altos índices de impunidad están relacionados con la falta de articulación entre las instituciones.
En el panel que moderó Bedoya, el gobernador Dumek Turbay indicó que es necesario que las autoridades reconozcan esta problemática entre las prioridades, que suelen ser las inversiones públicas en vías, hospitales y colegios: “La primera gran dificultad es que nos resistimos a reconocer este fenómeno (...) estamos enfrentados a un contendor que nos está ganando la partida porque la articulación entre las instituciones no existe”.
Propuso crear acciones puntuales y cronogramas para hacerle frente a las redes criminales que impulsan la explotación sexual.
El alcalde (e) Sergio Londoño manifestó que hay un “carrusel doloroso de la denuncia” que hace que las víctimas de delitos sexuales se abstengan de dar parte a las autoridades sobre el asunto.
Resaltó el programa “La muralla soy yo”, que se implementó desde el 2009 para prevenir el turismo sexual con menores, pero reconoció que la interinidad en la administración local dificulta la ejecución efectiva de programas de prevención.
Londoño añadió que solicitó a la Oficina de Control Disciplinario “llevar hasta las últimas consecuencias una investigación contra un docente que embarazó a una estudiante de 13 años.
“El secretario de Educación informará de esta situación a la Procuraduría General de la Nación, igualmente la Oficina de Control Disciplinario le compulsará copias de la investigación al Ministerio Público”, manifestó el alcalde Londoño.10 compromisos en un pacto
Al final del encuentro los participantes firmaron un pacto y un plan de acción integral para la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
El documento contempla lo siguiente: una respuesta multisectorial, de articulación entre todas las instancias; un enfoque de derechos humanos y de género ; sumar esfuerzo entre las instituciones, la sociedad civil y la empresa privada; estimular la denuncia y acabar con el miedo a denunciar de las víctimas; atacar las redes que promueven la explotación sexual de menores; perseguir el dinero que está detrás del negocio ; acabar con la creencia de que la víctima es culpable del delito; atacar la demanda y formular una política pública de prevención y sanción de la explotación de menores.
La audiencia pública que convocó el procurador Carrillo se hizo luego de las denuncias hechas en un medio radial nacional en que se informó sobre el ‘Tour de la violación’ una práctica que, según la denuncia, involucra a menores de edad que son abusadas en estado de inconsciencia por extranjeros.
