Sigue deshaciéndose la telaraña que armaron los hermanos Quiroz en edificaciones de la ciudad. En un informe preliminar entregado por la Universidad Nacional, que realiza los estudios de vulnerabilidad sísmica y diseño de reforzamiento de 16 edificios de Cartagena, destacó que se evidencian malas prácticas de ingeniería. (Lea aquí: "Los edificios de los Quiroz evidencian malas prácticas de ingeniería"
“En cuanto a técnicas y procesos constructivos, ausencia de capacidad de los elementos estructurales por deficiencias en el diseño estructural, baja calidad de los materiales empleados y el no cumplimiento de los requerimientos mínimos estipulados en la Ley 400 de 1997 y sus decretos modificatorios (Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR-10”, se explica en el documento enviado a la Alcaldía de Cartagena.
Pero eso no es todo, el informe continúa asegurando que existe un alto riesgo de colapso tanto ante cargas sísmicas como ante cargas de uso normal de las edificaciones, es decir, cargas muertas debido al peso de los elementos estructurales y no estructurales y cargas vivas de ocupación normal.
Para confirmar lo explicado, adjuntan registro fotográfico de cuatro, de las cinco edificaciones entregadas, a las que les han permitido el ingreso continuo para ejecutar las actividades: Villa Mary, Portal de Blas de Lezo I, Portal de los Alpes y Alpes 31.
El informe sigue así “se evidencian las principales patologías que son comunes en todas las edificaciones... patologías que son sistemáticas y se encuentran en las cuatro edificaciones listadas. Por lo cual, es muy factible que los 11 edificios que no nos han entregado y que fueron construidos en el mismo periodo, y por la misma constructora, se encuentren en riesgo de colapso ante las cargas de uso actual”. Allí mismo destaca que según se ha informado esos 11 edificios siguen habitados.
Evacuación inmediata
Tras los comités técnicos, donde participaron asesores de la Universidad Nacional y el ingeniero supervisor del contrato, considerando el riesgo que desencadenaría una situación “catastrófica”, recomendaron al Distrito evacuar inmediatamente los inmuebles objeto del estudio. Asimismo, que tomen medidas para evitar que los propietarios regresen a los edificios inspeccionados hasta no tener los resultados definitivos.
Para Javier Doria, abogado de propietarios de los edificios afectados, es preocupante el informe no solo para las familias y propietarios de esas cuatro edificaciones, sino para los de los 16 edificios.
“El Distrito debía implementar un plan de acción, respetando la dignidad y condición socioeconómica de los propietarios, para evacuarlos, pero ese no se conoció. No sabemos cómo actuará el Distrito, solo algunas familias recibieron arriendo y de manera parcial (por tres meses), por lo que algunos retornaron y los que no tuvieron no evacuaron porque no tenían a dónde ir, ni con qué. Se deben tomar acciones con los edificios y los inmuebles colindantes, que también están en riesgo”, señaló el abogado.
Él y otros abogados que conformaron un comité para defender a los propietarios de estos edificios, enviarán una carta al alcalde encargado, Pedrito Pereira Caballero, para que los atienda y les explique lo que pasará.
“Se sale a socializar esta decisión con los propietarios de los apartamentos, aunque sabemos que es un drama humano el que viven, también deben ser conscientes del peligro que están corriendo. Se les dirá que tenemos un informe en el que solicitan la evacuación y entre todos se debe buscar una solución y se cuenta con la solidaridad del Distrito, que también tiene una obligación judicial que cumplir por una acción que los mismos afectados instauraron”, aseguró el alcalde (e).
Recordemos que la medida de calamidad pública fue decretada en enero con base en una medida cautelar solicitada por los habitantes de las edificaciones construidas por los hermanos Quiroz.
Según el Distrito, se han evacuado cinco edificios y hay dos más en proceso, pero quedan nueve más en donde las familias no han aceptado el subsidio de arrendamiento, pese a la insistencia de las autoridades.
Unicartagena lo había dicho
Este preliminar confirmaría los estudios realizados también a los edificios por la Universidad de Cartagena, que generó en diciembre de 2017 la orden de desalojar los edificios por el riesgo posible de desplome. Esta misma decisión fue concertada con las autoridades de riesgo, citaron un consejo extraordinario de riesgo y se declaró una calamidad pública para gestionar las medidas, instalaron puestos de mando unificado en cada edificio y se adecuó el Coliseo de Combate como albergue para quienes no tuvieran adonde ir.
En ese entonces se destacó que los proyectos no tenían pólizas que respondan por el dinero de los propietarios, porque los trámites de licencias no se hicieron conforme a la ley. Las construcciones no cumplían la norma de sismorresistencia, ni tenían las condiciones mínimas para ser habitadas. También violaban el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Luego de la entrega preliminar, cuestionada por presunto plagio en el marco teórico del documento y supuestas inconsistencias en la identificación de las columnas y nombres de los edificios, la UdeC dio el informe final a la Alcaldía.
La petición de los propietarios fue un segundo estudio y la juez Tercera Municipal con funciones de Control de Garantías ordenó un peritaje para conocer el estado real de los 16 edificios.
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