Resolución en lío legal entre empresa y campesinos

17 de diciembre de 2018 12:05 AM
Resolución en lío legal entre empresa y campesinos
La disputa legal por las tierras entre la empresa de palma africana y los campesinos empezó desde el 2007. //foto ARCHIVO

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Ha sido un litigio extenso, que mantenía un proceso emprendido por campesinos del sur de Bolívar, que alegan que fueron sacados a la fuerza de la hacienda Las Pavas, en el corregimiento de Buenos Aires (jurisdicción del municipio del Peñón).

Precisamente, por esa denuncia de desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado en torno a este proceso, fueron capturados en el 2016 cinco personas: Gustavo Sierra Mayo, Mario Mármol Montero, Santander Martínez Redondo, Luis Alberto Machuca y Gustavo Pérez Flórez.

Dos años después, la justicia actuó y absolvió a estas cinco personas, declarándolas inocentes de los delitos de los que habían sido señaladas tras las denuncias e indagaciones de la Fiscalía.

El 7 de diciembre pasado, la jueza Segunda Penal del Circuito de Cartagena, declaró a estas personas inocentes e indicó que se les dejase de inmediato en libertad, pues permanecían recluidas en la Cárcel de Ternera.

Se conoció que los abogados defensores de los campesinos que hicieron la denuncia presentarán un recurso de apelación, al que hay lugar. Ahora será el Tribunal Superior de Cartagena el encargado de resolverlo.

La denuncia

Lo que denunciaron los campesinos, apoyados por la Asociación de Campesinos de Buenos de Aires (Asocab), es que en el año 1993, aproximadamente, fueron muchas familias campesinas las que se asentaron en la hacienda Las Pavas. Según sus cálculos, fueron 123 familias las que llegaron a ese predio.

Indicaron que esos terrenos estaban baldíos, que no hubo alguien que los detuviera cuando hacían el asentamiento en dicho predio, de más de dos mil hectáreas.

También dijeron que en el año 2003 fueron sacados del lugar a la fuerza, mediante amenazas que corrían por parte de grupos paramilitares, supuestamente acolitadas por el dueño del bien. Es decir, que tuvieron que salir desplazados de esa tierra por temor.

El problema por estas tierras siguió y las indagaciones dejan ver que en el 2006 los campesinos intentaron hacer un arreglo con el dueño de las tierras para comprárselas.

Sin embargo, ello no llegó a buen puerto y en el 2007 este vendió las tierras a la empresa Aportes San Isidro, dedicada a la siembra de palma africana para la producción de aceite.

Luego, los campesinos intentaron regresar al lugar, pero la empresa empezó un proceso policivo y fueron sacados de allí. Sin embargo, el caso llegó a la Corte Suprema y el órgano determinó que estos procesos policivos no aplicaban ante procesos en donde estaban implicadas familias desplazadas.

Los líos siguieron y los campesinos hicieron la denuncia por concierto para delinquir y desplazamiento forzado, que en el 2016 terminó con las capturas de Gustavo Sierra Mayo, Mario Mármol Montero, Santander Martínez Redondo, Luis Alberto Machuca y Gustavo Pérez Flórez, luego que un fiscal consiguiera órdenes judiciales ante un juez de Garantías.

Estas personas fueron llevadas a audiencia y aseguradas de inmediato en la Cárcel de Ternera. Luego, el juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena asumió el caso, mediante el sistema procesal penal antiguo, regido por la ley 600, dado que los hechos investigados corrían del año 2007 hacía atrás. El proceso fue por los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado, más no por el litigio de las tierras.

Así resolvió

Tras analizar testimonios de campesinos, y de todas las partes implicadas, el juzgado Segundo determinó que no eran 123 familias las que se decían que estaban asentadas en las Pavas, y que allí solo estaban poco más de 20 personas.

La decisión de la jueza deja ver que de las 123 familias que decían estar en el predio, solo tres entregaron poder para ser representadas. De estas personas, una es un profesor y otra es un funcionario de la policía.

Además, la decisión del juzgado deja entrever que los testimonios de los campesinos se contradecían, y que mientras que unos contaban que el dueño del predio los dejó entrar allí con permiso para trabajar, otros explicaban que el terreno estaba baldío.

Incluso, en registros la jueza encontró algunas inconsistencias, a su manera de ver, como que se presentó un documento que indica que en el año 1998 había un hombre que tenía a su familia instalada en el lugar, cuando para esa época este hombre tenía tan solo 14 años. El juzgado determinó que en el terreno tampoco había casas, que no había un asentamiento como tal.

También decidió el juzgado que los campesinos no demostraron que el predio lo poseían y que por ello no estaba demostrado el desplazamiento.

El juzgado Segundo emitió la sentencia el viernes 7 de diciembre. Este medio conoció que tiene las constancias que ese mismo día todas las partes fueron notificadas, entre ellas la empresa de palma, la Fiscalía y el abogado titular que asumió la defensa de las familias campesinas.

Tierras baldías
En agosto del año pasado, el Consejo de Estado declaró baldías 1.138 hectáreas de la hacienda Las Pavas. La extinción del dominio de estas tierras se hizo porque se demostró que estas no eran explotadas.

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