En los próximos meses el Distrito y la Concesión Vial de Cartagena deberán explicar ante la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría ciertos hallazgos que el ente de control encontró en una auditoría realizada al contrato de operación del corredor de carga.
El proceso, en el que se definirá si hay o no detrimento patrimonial en el contrato de concesión suscrito hace 19 años, se inició hace menos de 15 días según un funcionario de la Contraloría distrital.
Las observaciones que hizo la Contraloría tras la auditoría están relacionadas con el modelo financiero que usa la Concesión Vial para recuperar la inversión en el corredor y captar la ganancia pactada en el contrato, a través de cuatro peajes.
Así, el ente de control señala que la Concesión Vial tuvo un excedente de 5.859 millones de pesos durante el primer período del contrato, en el que la obra se estaba construyendo. Al parecer, ese dinero que hoy equivale a 7.535 millones de pesos, no fue invertido en el proyecto.
Respecto a este punto también se presenta otra observación, pues las cifras del flujo de caja del primer período que suministró en informes mensuales la fiduciaria, que maneja los dineros del contrato, no coinciden con los de la Concesión Vial. Según los datos de la fiduciaria, a precios corrientes serían 10.123 millones de pesos los que habría recibido la concesión durante la construcción de la vía y no 7.535 millones de pesos.
También se indica, que de acuerdo con las cifras de la Concesión Vial, para enero de este año, la asociación ya habría recuperado la inversión en el proyecto, teniendo en cuenta que el contrato está ligado a una tasa interna de retorno pactada con el Distrito de 17,22%.
Contraloría no puede ordenar medidas
El Universal conoció que la Contraloría envió el informe de auditoría al Distrito pero que la entidad no tiene la facultad para exigir u ordenar acciones al respecto a la administración. Esta tiene la potestad para revisar las observaciones y determinar si se definirán algunas medidas.
El proceso que adelanta la Dirección de Responsabilidad Fiscal puede llevar hasta seis meses, si es verbal y hasta cuatro años si es ordinario.
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