A tres días de cumplirse el término de un año por el que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa del Hospital Universitario del Caribe (HUC), mediante la Resolución 006539 del 28 de noviembre de 2016, se dieron luces de que es posible que la medida se prorrogue.
Luis Fernando Cruz Araújo, superintendente Nacional de Salud encargado, manifestó ayer que “se han podido introducir algunas mejoras en cuanto al servicio de urgencias y a la atención. En los próximos días comunicaremos las decisiones que tienen que ver con la eventual prórroga de esta intervención, en la medida en que se garantice en primer lugar una adecuada prestación de servicios; en segundo lugar, una adecuada administración y flujo de recursos, y mejoras en todos los indicadores que son competencia de la Superintendencia”.
Cabe recordar que la medida de intervención al HUC obedeció al resultado del análisis integral realizado por un equipo auditor de la Supersalud, en el que se evidenció que el centro hospitalario se encontraba en desequilibrio financiero, operativo y de liquidez, condición que repercutía en la adecuada prestación del servicio a los usuarios tanto de Cartagena como de las zonas de influencia.
Sanciones millonarias
Cruz Araújo señaló que el año pasado la Superintendencia impuso multas por $987 millones y en 2017, con cierre al mes de octubre, el monto asciende a los $807 millones. “Estas sanciones abarcan a Entidades Promotoras de Salud (EPS), Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) y entidades territoriales”.
A los aseguradores, las sanciones les fueron impuestas por falta de oportunidad en la atención a sus usuarios y dilación en la entrega de medicamentos e insumos; vulneración de los derechos en salud de usuarios con protección constitucional especial; e incumplimiento en el pago a los prestadores y flujo de recursos.
A los prestadores por incumplimiento en el reporte de información e incumplimiento a las instrucciones impartidas por la entidad; y a las entidades territoriales por cobros irregulares entre instituciones, incumplimiento en las funciones de Inspección, Vigilancia y Control e incumplimiento a las instrucciones impartidas por la entidad.
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