La demora en el pago de las busetas de la ruta Blas de Lezo y Villagrande chatarrizadas es, para el gremio de los transportadores, una señal de que sus denuncias sobre el mal estado financiero del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) son ciertas.
Un grupo de exdueños de vehículos asegura que en la primera quincena de agosto iniciaron el proceso para chatarrizar los vehículos tras recibir la notificación de Transcaribe y pese a que cumplieron a cabalidad el trámite y hasta prestaron dinero para llevarlo a cabo, más de 45 días después no les han autorizado el pago que corresponde.
En esa misma situación están algunos propietarios de vehículos del Transporte Público Colectivo (TPC) que cumplieron su vida útil.
“En la notificación nos dicen que si no cumplimos los tiempos de entrega de las busetas nos descuentan el 25% del valor de esta, pero presentamos la documentación y nada que nos dicen cuándo es que nos van a pagar”, dijo Janeth Tobón propietaria de vehículos del TPC.
Los afectados aseguran que el Distrito había hecho los aportes necesarios para financiar la chatarrización, por lo que Transcaribe debe responder qué pasó con ese dinero.
“Puedo asegurar que se gastaron la plata de la chatarrización, así de sencillo, calcularon mal porque no hay justificación para que no hayan pagado. Para la ruta de El Pozón, en 25 días los dueños de vehículos ya tenían su dinero”, dijo Tobón.
“Desde hace más de un mes he dejado de percibir entre $180 mil y $200 mil pesos diarios, estoy restringiendo todos mis gastos, era un aporte importante que no estoy recibiendo, he tenido que hacer préstamos para poder cumplir con unos compromisos porque esta notificación de cancelación de ruta nos tomó por sorpresa y ya teníamos deudas adquiridas”, afirmó Amalia Caraballo, dueña de una buseta de Blas de Lezo - Avenida.
David Múnera, asesor de los transportadores explicó que la “alharaca” por la llegada de 16 nuevos busetones es una cortina de humo para camuflar la situación económica del sistema.
“Ni el alcalde ni el gerente de Transcaribe pueden estar diciendo verdades a media o seguir soltando globos en el aire para distraer a la ciudadanía sobre la situación financiera de Transcaribe. Tienen que desintegrar más buses no se puede seguir permitiendo que el servicio no sea de calidad porque cada día hay más quejas”, señaló Múnera y agregó que ya deberían estar circulando 350 buses del SITM pero los operadores no han hecho los aportes que les correspondían desde abril, ya que la banca privada se niega a prestar dinero para sistemas de transporte masivo.
Este gremio interpuso denuncias ante los entes de control para que revisen la situación.
Cuestionan nuevas rutas
Los transportadores cuestionaron el anuncio de que se estudia la posibilidad de que las nuevas rutas sean en barrios donde no hay TPC pues consideran que es una evasión a la chatarrización, incluida dentro del plan de implementación del sistema, que consta de tres años.
“Nos parece muy bien que sigan llegando más vehículos pero tienen que chatarrizar y reducir la oferta del parque automotor para mejorar la movilidad, pero dicen que van a poner rutas en Lemaitre (barrio Daniel Lemaitre) pero es porque no hay plata para la chatarrización y le hacen creer otra cosa a los ciudadanos (...) eso no se debe hacer folcroricamente, hay que reducir el parque automotor pero con plata”, dijo Janeth Tobón.
“No depende de Transcaribe”
Frente a las denuncias de los transportadores, Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, aclaró que la chatarrización no está a cargo de la entidad y que todo es controlado por el Fondo Unificado de Desintegración y Operación (FUDO), conformado por los operados privados Transambiental y Sotramac, por Transcaribe Operador, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), Transcaribe, la Seccional de Investigación Criminal de la Policía (Sijin) y la fiducia donde llegan los recursos de la chatarrización
“Transcaribe no es el que decide qué vehículos se chatarrizan, no determina ni controla este proceso. El trámite del pago de los vehículos se toma su tiempo pero hay que revisar qué esta pasando, como parte del comité lo que podemos hacer es exponer el caso”, aseguró Ripoll.
El gerente de Transcaribe explicó que el llevar el SITM a los barrios sin TPC es una estrategia para hacer rendir los recursos y avanzar la implementación del sistema tanto en los sectores que dependen de la chatarrización como en los que no.
Transcaribe resaltó que no es el encargado de disponer los recursos de la chatarrización y que expondrá el caso ante el FUDO, responsable de tal tarea.
No pueden con la invasión de carriles
Estudiantes y empleados del Sena, quienes continúan con sus jornadas de protesta, y los trabajadores de Unicat, que reclamaban el pago de sus liquidaciones se tomaron ayer el carril exclusivo de Transcaribe.
Los manifestantes le “cogieron el bajito” a las autoridades y parecen ser dueños de la vía, escudándose en la defensa de sus derechos.
“Hemos tenido paciencia con las manifestaciones, no puede ser que algunas personas crean que la manera de hacerse escuchar es vulnerando los derechos de otros 25 mil cartageneros, que usan el sistema a diario”, señaló Ripoll.
El gerente del SITM señaló que hubo cinco capturados por las protestas de ayer y que procederán con las denuncias para que se judicialicen a los responsable de bloqueos y daños de los buses.
Las jornadas de bloqueo, que le cuestan al SITM $50 millones, atrasan la operación de Transcaribe hasta 40 minutos aunque se tomen el solobús solo 10 minutos.
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