Ayer nuevamente, miembros de los sindicatos Ustrial y Sinaltrainal, se tomaron la Plaza de la Aduana con el fin de alzar su voz de protesta contra las empresas Seatech internacional, antigua Atunes de Colombia y A Tiempo Servicios.
Según Fredy Marrugo Velásquez, representante de ambos sindicatos, el motivo de la manifestación era llamar la atención de la Alcaldía de Cartagena a nombre de los trabajadores que no ingresaron a laborar el pasado martes cuando la atunera retomó sus actividades de producción.
“Le pedimos a la Alcaldía mediar en el tema de los trabajadores que quedaron por fuera (...) queremos que esos 125 trabajadores sean reenganchados a la empresa y a los que no se les ha firmado contrato, que reingresen. Estamos protestando desde el 30 de octubre y denunciamos esta conducta de despedir trabajadores, hoy son 280 trabajadores despedidos”, sostuvo Marrugo Velásquez.
Por su parte Seatech International, tal y como lo ha venido informando reiteró ayer en un comunicado que “No ha habido despedido masivo de trabajadores” ni se ha “ terminado contrato de persona que se encuentran amparadas por Fuero Sindical o protegidos por Estabilidad laboral, derivada de quebrantos de salud”.
La atunera expresó también que su “reacción frente a la agresión que representó la toma arbitraria de nuestras instalaciones no ha sido ninguna diferente a la de acudir a las autoridades Estatales para solicitar la defensa de los nuestros derechos, denunciar los delitos de los que hemos sido víctima y exponer ante el Ministerio de Trabajo las conductas antijurídicas de las organizaciones sindicales Ustrial y Sinaltrainal”.
HACE DOS SEMANAS
Mientras que los asociados a los sindicatos Ustrial y Sinaltrainal se defienden asegurando que lo que se realizó en la atunera del pasado 30 de octubre al 2 de noviembre, fue una “vigilia pacífica”, la empresa resalta que “desde el primer momento esto se reconoció como una toma de la planta”.
La toma de Seatech, por parte de un grupo de trabajadores de A Tiempo, pertenecientes a Ustrial y Sinaltrainal, es un acto ilegal con consecuencias de orden penal, una conducta que se encuentra tipificada como una prohibición a la luz del derecho laboral individual y colectivo (...) basados en el derecho a la confianza legítima pedimos a la contratista no enviar a las personas que se tomaron la planta a la fuerza”, Reiteró la empresa en un comunicado.
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