819 ciudadanos que se creían dueños de sus casas en el barrio Ceballos se quedaron con las manos vacías de la noche a la mañana tras una decisión tomada por la Fiscalía 17, seccional de Cartagena, que profirió la cancelación de la sentencia del Juzgado Sexto Civil del Circuito por medio de la cual se declara la prescripción adquisitiva de dominio de vivienda de interés social a la Junta de Vivienda Comunitaria del barrio Ceballos.
La decisión de la Fiscalía favorece como dueña única de estos lotes a Elsa Malo de Camacho, quien desde el 2005 viene librando una batalla jurídica para demostrar que es ilegal la legalización que Corvivienda hizo de estos predios y que culminó con la entrega de las escrituras a los residentes de estas casas, que en su momento lograron demostrar que llevaban más de 10 años habitando allí.
Muy a pesar que la resolución de la Fiscalía es de junio 1 de 2016, la noticia tomó de sorpresa a los habitantes de Ceballos, apenas en estos días, luego que uno de los afectados solicitó un certificado de tradición y libertad y en la última anotación del documento le apareciera la notificación de cancelación de la escritura madre del barrio inscrita por Corvivienda a través de la prescripción adquisitiva.
La angustia entre quienes reclaman la propiedad de las casas, en las que han vivido por décadas, está en su nivel máximo. Los predios comprometidos en la decisión de la Fiscalía no pueden ser vendidos, hipotecados o desenglobados por quienes aparecen como propietarios en las escrituras entregadas por Corvivienda.
Martha Angulo, miembro de la Junta de Acción Comunal de Ceballos, aseguró que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias y solicitarán a la Fiscalía hacer las investigaciones respectivas desde Bogotá porque en Cartagena sienten que no hay garantías para la transparencia del proceso.
“Estamos ante un hecho grave de corrupción con el que se quiere desfalcar al Distrito con más 17 mil millones de pesos, que es lo que la señora Elsa Malo está reclamando como supuesta indemnización pese a que en todos los organismos a los que se ha dirigido se le ha demostrado la falsedad de los documentos que ella aporta. Por eso no entendemos ahora la decisión de la Fiscalía”, expresó Angulo.
NO ES LEGAL EL PROCEDER DE LA FISCALÍA
Ante los reclamos de los habitantes de Ceballos, la oficina jurídica de Corvivienda informó que la decisión de la Fiscalía fue apelada por esta entidad distrital en noviembre de 2016, pero no lo habían hecho público por respeto a la reserva sumarial.
La decisión está apelada en beneficio de la comunidad con dos argumentos claros. “La Fiscalía está investigando si la legalización de los predios es correcta o no; hasta ahí está bien, lo irregular que notamos es que la Fiscalía se tomé la atribución de proferir la cancelación provisional de pertenencia sin vincular a los afectados al proceso ni darles la oportunidad de defenderse”, informó la Oficina Jurídica de Corvivienda.
El otro aspecto que la entidad distrital nota irregular es que Corvivienda cuenta con una copia de una nota devolutiva que en su momento la oficina de Instrumentos Públicos le envió a la Fiscalía negándose a inscribir la prescripción de la escritura madre por no tener claridad sobre la decisión y advertir algunas inconsistencias en ella.
La Oficina Jurídica de Corvivienda manifestó que la defensa va bien, pero que no puede revelar ningún detalle porque el proceso apenas está en su etapa investigativa y por lo tanto está bajo reserva sumarial.
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