“Si el Distrito quiere el terreno de La Troncal, mi cliente se lo vende”

08 de noviembre de 2017 09:00 AM

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La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena emitió el pasado 26 de octubre la Resolución 163, indicando que la propiedad del terreno donde se encuentra el parque de La Troncal era del Distrito y no de un particular. Habitantes de este sector y Alcaldía de Cartagena esperaban que esta decisión le pusiera punto final a una larga y polémica disputa legal, pero la verdad es que este documento no es más que otro cabo en una larga cadena judicial que continúa.

A pesar de que el Distrito festejó con bombos y platillos esta resolución, firmada por el registrador especial (e) Cesar Tafur, aún hay que recorrer un largo camino para definir la propiedad del terreno donde está el parque. El Universal habló con Alfonso Martínez Ferrer, abogado del supuesto propietario de este lote, quien confirmó que desde ya trabaja para tomar las acciones legales pertinentes para recobrar la propiedad de este predio y hacer valer los derechos de su cliente.

Según sostiene Martínez Ferrer, su cliente, Juan José Santaolalla Milla, adquirió hace siete años los derechos litigiosos de este predio y desde entonces realizó los procesos pertinentes para que fuese registrado a su nombre. Finalmente, el 7 de diciembre de 2015, en el folio de matrícula inmobiliaria No.060-34231, Santaolalla fue reconocido como el nuevo y único dueño. (Lea aquí: Superintendencia de Notariado y Registro falla a favor de vecinos de La Troncal)

“Este terreno siempre ha estado en propiedad de un particular, no del Distrito. Además, dentro de los tiempos y momentos procesales que tiene cualquier proceso de este tipo, la Alcaldía nunca se pronunció al respecto a pesar de que yo personalmente me encargué de notificarlos. Respecto a la última resolución de Instrumentos públicos, un grupo de abogados está trabajando para iniciar los procesos necesarios para defender de los derechos de nuestro cliente”, aseguró el abogado.

Martínez dice estar preocupado por la forma poco ortodoxa con al que supuestamente la Alcaldía de Cartagena quiere pasar por encima de los procesos legales que le dieron la propiedad del lote a su cliente, y señala que tanto el Distrito como la Oficina de Instrumentos Públicos son responsables de lo que está pasando por no actuar cuando debían. “Los tiempos procesales ya pasaron”, enfatizó. (Lea aquí: Vecinos de La Troncal y Buenos Aires se enfrentan al Esmad en defensa del parque)

A pesar de que el Distrito reclama como suyo este lote y logró que Instrumentos Públicos lo reconociera así al borrar las anotaciones que le daban este título a Juan José Santaolalla Milla, existen varias imprecisiones que serán utilizadas por los abogados del particular para reclamar la propiedad. Desde 2009, el Disitrito le ha cobrado impuestos a Santaolalla por este terreno y, el 12 de junio de este año, el propio Distrito le hizo entrega oficial de esta propiedad, según evidencia un acta firmada por la entonces alcaldesa de localidad Yolanda Wong.

Abren la puerta para una solución negociada

El abogado Martínez asegura que su cliente está dispuesto a negociar con el Distrito para buscar una solución que favorezca a todos los involucrados, especialmente a la comunidad de La Troncal, pero hasta el momento no ha sido posible abrir un espacio de negociación con la Alcaldía. Basando sus pretensiones en el supuesto de que Santaolalla resultará beneficiado en la nueva avanzada legal contra el Distrito y recuperará la propiedad del terreno, los representantes legales no descartan una venta de este predio a la ciudad.

“En su momento tuvimos acercamientos con el Distrito donde yo les manifesté si querían adquirir ese predio pero dijeron que no les interesaba. En mi opinión esa sería la opción más rápida para finalizar este proceso de la mejor manera y sin mayores traumatismos. No sé cuánto vale el lote, hay que hacer un avalúo, pero hay que tener claro que mi cliente no regalará el terreno ni cobrará más de lo que realmente vale en caso de que se negocie la venta”, sostuvo Alfonso Martínez.

A pesar de dejar abierta una salida negociada, el abogado manifestó ser incrédulo respecto a que el Distrito se decante por esta opción, pues supuestamente los representantes de la ciudad ya le han dejado claro la falta de voluntad por adquirir este terreno a través de una negociación.

“Esto se pudo arreglar de una forma más tranquila si hubiese habido interés político genuino de arreglar las cosas y no tomar el camino de la tergiversación del derecho”, añadió el representante legal de Santaolalla. (Lea aquí: La protesta de la comunidad no fue escuchada, el parque La Troncal está cercado)

El proceso de adquisición

Para no dejar dudas sobre la legalidad en la adquisición de este terreno por parte de su cliente,  Martínez reveló detalles sobre el proceso. Recordó que cuando se adquirieron los derechos litigiosos, hace nueve años, se hizo un barrido en instrumentos públicos de la persona que iba a ser embargada y se encontraron varias propiedades, entre ellas, el terreno de La Troncal.

Sin embargo, dice el abogado, las matrículas eran ambiguas y no había claridad sobre las medidas. Para delimitar el área, Agustin Codazzi esclareció cuáles eran los límites y finalmente certificó que dicho terreno pertenecía a la matrícula inmobiliaria No.060-34231, embargada por los representantes legales de Santaolalla. 

“Con esa resolución se adelantan los trámites judiciales posteriores, los cuales fueron notificados al Distrito y a Instrumentos Públicos, pero ninguno se pronunció. No fue sino hasta que esto se volvió un tema mediático que las autoridades decidieron tomar parte con una estrategia que, en mi opinión, desconoce y viola los derechos de mi cliente”, finalizó el abogado.

Ante este panorama, queda claro que el futuro del parque de la Troncal aún es incierto. No será sino hasta que los involucrados se sienten a negociar, o se decida por la vía jurídica, que se sabrá si este terreno seguirá siendo un parque o, lastimosamente para la comunidad, quedará a merced de los intereses de un particular por falta de acciones de las autoridades.

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