El juez 12 Penal Municipal con función de Control de Garantías decidió dar casa por cárcel a las seis personas implicadas en el caso por presuntas irregularidades en la contratación de 2016, del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena.
La medida cobija al exalcalde de Cartagena, Manolo Duque, el exsecretario de Educación de la capital de Bolívar, Germán Arturo Sierra Anaya; la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Amanda Muñoz Bravo; la representante legal del consorcio Proescolar 2016, Sandra Milena Mercado Santoya; la supervisora de la Alcaldía, Mayiris Gómez Ballestas, y David Reinaldo Camacho Benítez, quien ha sido llamado por la Fiscalía como el zar de la alimentación en la Costa Caribe.
Dentro de la decisión, el juez fue enfático en señalar que la medida de prisión domiciliaria está supeditada al pago de una caución económica por cada uno de los procesados.
En este sentido, a David Camacho le corresponde el pago de una multa 8 mil salarios mínimos legales diarios vigentes; a Germán Sierra 5 mil salarios mínimos mensuales legales diarios vigentes: a Sandra Mercado 2 mil, Manolo Duque 300 salarios mínimos mensuales vigentes y a Mayris Gomez 20 mil.
El pago de la multa se debe realizar en efectivo en los próximos 15 días hábiles.
Sobre el caso
Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que en el primer contrato realizado por la administración distrital en abril de 2016, la Alcaldía de manera irregular incurrió en omisiones que afectaron principios como la transparencia y selección objetiva de las empresas a contratar, esenciales para la contratación pública.
Estas serían el resultado de las irregularidades reveladas por la Contraloría General de la Nación en 2017, cuando denunció que el operador del programa, Proescolares 2016, facturó al Distrito pechugas a $40 mil y una compra de canela por $39 millones; además de 2 millones 500 mil panes.
Según indagaciones, las empresas se contrataron de manera directa después de declararse la urgencia manifiesta, argumentando que el Ministerio de Educación no entregó los recursos a tiempo. El primer contrato se suscribió con la Fundación Redcom, de Pasto (Nariño), por $8.427.924.090.
El segundo se celebró el 5 de agosto del mismo año, en la modalidad de licitación pública, con el Consorcio Proescolares 2016 por $15.831.468.135.
Luego se hizo una adición presupuestal el 29 de diciembre de 2016 para el PAE 2017, suscribiendo un otrosí al contrato, por $7.886.489.492, para $23.717.957.627.
“Esto a sabiendas de que se debió iniciar otro proceso de selección bajo la modalidad de licitación pública, y así escoger el operador del PAE del año siguiente”, indicó el ente investigador en un informe.
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