Desde mayo pasado la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector Las Colonias, de Manga, solicitó a la Capitanía de Puerto de Cartagena la revocatoria de la concesión de un predio de uso público de la Nación denominado ‘El Puerto’, otorgada a un particular.
El feudo se encuentra al final de la Calle Real de Manga (o Calle 25), y se trata especialmente de una franja de terreno de unos 100 metros cuadrados que da salida al mar, y que en planos sería la bocacalle de la Carrera 26 (Lea: Salida al mar en Manga está concesionada hace 35 años).
Esa posesión fue cedida por la antigua Marina Santa Cruz a Eduardoño en 1998, y ampliada por 20 años, lo que quiere decir que está vigente hasta el 2018.
La autoridad marítima le indicó a Amín Torres Villeros, fiscal de la JAC y solicitante de esa anulación, emprender los trámites de ley para estudio de su requerimiento, los cuales el ciudadano ha empezado a indagar, pues desconoce el procedimiento.
EL MOTIVO
Amín Torres explica que se puso en la tarea de diligenciar la revocatoria de la referida concesión, porque a la gente se le está restringiendo parcialmente el uso de esa salida al mar para sus labores tradicionales y rutinarias (Lea: Preocupación en Manga por la única salida que tienen al mar).
“Cuando entramos a pescar de noche, el vigilante de la marina llama a la Policía y los agentes le dan la razón a ellos sin tomar en cuenta que es una zona de uso público”, agrega Torres Villeros.
Igualmente “porque en los últimos ajustes que se le hicieron a esa concesión tan extendida de tiempo, no se tomó en cuenta a la comunidad para consultarla, cosa que sí se hizo hace muchos años con los primeros permisos que se otorgaron a Marina Santa Cruz para usar esa franja”.
El ciudadano arguye que esa salida al mar, una de las pocas que les queda a los mangueros raizales, está ahora privatizada durante ciertos horarios, cuando ha sido ancestralmente usada como zona de pesca artesanal y recreativa a cualquier hora.
También ha servido históricamente de atracadero de pequeñas de embarcaciones ante situaciones de emergencia entre los habitantes de Bocachica, Caño de Loro y demás poblados de la Isla Tierra Bomba, al necesitar servicios médicos o para que sus hijos lleguen a instituciones escolares de la ciudad.
LA CAPITANÍA
En respuesta a un derecho de petición cursado por el ciudadano Amín Torres, la Dirección General Marítima (Dimar) aclara que “de conformidad con el Artículo 166 del Decreto 2324 de 1984, los bienes de uso público otorgados mediante concesión no son para uso y goce exclusivo del beneficiario, por lo cual en principio no debe haber ningún tipo de restricción al tránsito de particulares” (Lea: Se avizora conformación de Comité Para el Manejo de Zonas Costeras).
Sin embargo, en el mismo oficio, de mayo de este año, inmediatamente clarifica que “por tratarse de muelles destinados al amarre de naves y por razones de seguridad para la vida humana, el Plan de Protección de Instalaciones Portuarias contempla procedimientos para el control de acceso a estas zonas”, de conformidad con la Ley 730 de 2004, que reglamenta la protección de buques y zonas portuarias, “por lo cual puede estar limitado el acceso al público en general”.
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