Tras un control excepcional que adelantó la Contraloría General de la República a Transcaribe, enfocado a los frentes de calidad de obras y predios -solictado por congresistas y veedurías de Cartagena- el órgano de control determinó la existencia de un sobrecosto por 13 mil millones de pesos en la adquisición de los predios que eran necesarios para la construcción del proyecto.
La revelación fue hecha por la contralora general de la República, Sandra Morelli, quien agregó que solo se han verificado 14 predios de un total de 400 adquiridos, lo que representaría, según un estudio del Instituto Agustín Codazzi (IGAC), un sobrecosto de 52 % en cada uno de ellos. “Transcaribe como proyecto se debió entregar en 2006. El desgaste del tiempo es evidente”, señaló la Contralora.
Morelli dijo que este hallazgo representa una responsabilidad fiscal “sin perjuicio de los traslados disciplinarios o penales a que haya lugar”.
En ese mismo sentido, la Contraloría General de la República informó que en un recorrido adelantado se encontraron fallas en el pavimento, en las lozas y en las estaciones, lo que se traduce en un detrimento patrimonial de casi 5 mil millones de pesos.
ENTREGAMOS LA INFORMACIÓN Y APOYAMOS EL PROYECTO: TRANSCARIBE
Por su parte, José López Amarís, gerente de Transcaribe, a su llegada a la ciudad, después de hacer un recorrido por México y Brasil, dijo que cuando él asumió la gerencia del proyecto encontró que ya se adelantaba el control excepcional por parte de la Contraloría. (Lea: A empresarios internacionales sí les interesa operación de Transcaribe: Alcalde)
“Lo que hice fue entregar toda la información y apoyar en todo el proceso”, comentó López Amarís.
Añadió que no conoce el más reciente informe de la Contraloría, pero que lo analizará para mirar qué acciones adelantar, sean de aclaración o de observación.
HALLAZGOS EN SALUD
La contralora también habló de hallazgos en la salud. Señaló un proceso que asciende a los 26 mil millones de pesos, correspondientes a recursos que no se consignan en las cuentas maestras que manejan los recursos de la salud. “Hacen pagos a IPS que no existen o sin que se hayan contratado”, dijo Morelli.
Añadió que están atentos a la recuperación por parte del Distrito de 17 mil millones de pesos, por lo que se conoce como Sisbén Social. “Hay muchos afiliados al régimen subsidiado que, en realidad, son funcionarios públicos, concejales y personas fallecidas. Se facturan servicios a los que no tenían derecho”.
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