Acusado infante de marina por encubrir desaparición forzada

Como supuesto responsable de encubrimiento de los delitos de desaparición forzada y falsedad ideológica en documento público fue acusado John Luis Sierra Cerpa, infante de Marina (r), por un fiscal de Derechos Humanos y DIH. La decisión judicial está relacionada con los hechos ocurridos el 9 de marzo de 2005 en la población de Las Palmas, jurisdicción del municipio de San Jacinto (Bolívar), de donde fueron desaparecidos los civiles Miguel Ángel Martínez Yepes y Félix Rico Martínez, posteriormente presentados como muertos en combate con tropas regulares. Según la investigación de la Fiscalía, Martínez y Rico no se enfrentaron contra efectivos de la Armada Nacional, sino que fueron ultimados selectivamente. Tan pronto las autoridades dieron a conocer la noticia sobre la baja de los presuntos guerrilleros, los familiares de las víctimas se pronunciaron y negaron las declaraciones entregadas. Procuraduría Después de un año de investigaciones, la Procuraduría Judicial Penal 84 de Cartagena le solicitó al Juzga-do 104 de Instrucción Penal Militar que se declarara incompetente para seguir conociendo de las actuaciones que se le seguían a varios infantes de Marina por la muerte de las dos perso-nas en zona rural de San Jacinto, en marzo de 2005. Según el Minis-terio Público, los militares habrían asesinado a Miguel Ángel Martínez y Félix Rico Martínez, y luego los presentaron a los medios de comu-nicación como supuestos miembros de los grupos guerrilleros que ope-ran en la región de los Montes de María. La solicitud obedeció a que a juicio de la Procuraduría, y con fundamen-to en el material probatorio recau-dado eventualmente, se estimaba que se estaría frente a unas ejecuciones extrajudiciales (asesinados a sangre fría), que escapa de la órbita de la justicia penal militar, porque a pesar de que los hechos se desarrollaron en ocasión del servicio, tales actos serían extraños a las funciones de la fuerza pública, tal como lo seña-la una jurisprudencia de la Corte Constitucional. En marzo de 2005, días después de que los dos jóvenes fueran pre-sentados como presuntos guerri-lleros dados de baja en combates, sus familiares dijeron que éstos no pertenecían a ningún grupo armado ilegal, razón por la cual solicitaron las investigaciones de las autorida-des competentes para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos. En esa ocasión, Janeth Martínez Yepes, madre de Miguel Ángel, ase-guró que su hijo vivió siempre con ella en Cartagena, precisando, sin embargo, que en las últimas sema-nas se trasladó a San Jacinto para pasar vacaciones en casa de su abuela. Gladis Martínez, madre de Félix Rico y abuela de Miguel Ángel, mani-festó que el dolor más grande que carga en su corazón es que a su hijo lo hayan hecho aparecer como gue-rrillero, no siendo así, según ella. “Mi hijo era un agricultor, sem-brador de ñame, yuca y maíz, y a quien todo el mundo conocía como cazador de conejos, porque aquí a la casa venían a comprárselos todos los días”, relató en esa ocasión. La Fuerza Naval del Caribe dijo a través de su oficina de prensa que en aras de darle una transparencia a este proceso, esa institución ade-lanta por aparte una investigación disciplinaria interna para deter-minar las responsabilidades de los infantes de Marina involucrados en los mencionados hechos.