Córdoba: Capturados por fraudes en cobro de pensiones, trasladados a Bogotá

Los 13 cordobeses capturados tras detectarse un fraude en el cobro de pensiones de maestros durmieron en el búnker de la Fiscalía en Bogotá.
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad fueron trasladados anoche a Bogotá donde de inmediato les iniciaron las audiencias de legalización de capturas por la presunta apropiación de 64 mil millones de pesos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de la fiduciaria Fiduprevisora, entidad que administra los recursos del Estado.
A Bogotá fueron trasladados el juez promiscuo del circuito de Planeta Rica, Ángel Darío Aycardi Galeano, y el secretario del mismo juzgado, Germán Agustín Albarino Otero.
De igual forma se llevaron a los abogados Lefther Manuel Herrera Taboada, Gustavo Rhenals Nova, los hermanos Heliodoro Alfredo Agámez Pineda y Jaime Agámez Pineda, así como al hijo de Heliodoro, Alfredo José Agámez Venegas.
En el mismo vuelo comercial trasladaron a Oscar Luis Vidal Arrieta, Luz Helena Polo Rodríguez, Fernando Antonio Mendoza Vellojín, Libardo José Morales Jiménez, Daniel López Palencia y Tony de Jesús Luna Espitia, ex funcionario de la secretaría de educación y pieza clave en el denominado carrusel de la educación.
Durante la investigación los organismos competentes llamaron a por lo menos 250 maestros y todos coincidieron en que no habían dado poderes a los abogados para hacer las respectivas reclamaciones de la pensión conocida como 50/20, es decir 50 años de edad y 20 años de servicio.
Los hermanos Agámez Pineda son los que aparecen con mayor número de denuncias aunque hay que indicar que a los juristas Oscar Luis Vidal Arrieta y Luz Helena Polo la justicia los habían conminado a devolver mil y 13 mil millones de pesos respectivamente, luego de instaurar 37 procesos de reclamación en el juzgado de Planeta Rica.

¿Cómo se descubrió?
La investigación del denominado carrusel de la educación en Córdoba se inició cuando el profesor  Alejandro Enrique Triana descubrió que él, junto a 15 maestros más, aparecían en el reporte de pagos de una suma cercana a los cuatro mil millones de pesos tras el fallo de un juzgado de Lorica.
En su caso concreto figuraba un pago por valor de 130 millones, suma que jamás recibió pues nunca instauró dicha demanda y mucho menos entregó poder a abogado alguno para que le hiciera el reclamo.
El educador, quien labora en la institución Julián Pinto Buendía de Cereté, aparecía con una suma en su bolsillo por concepto del pago de retroactivo, pero esa plata nunca llegó y a cambio fue reclamada en el 2010 por el abogado Jaime Agámez Pineda, a quien dice no conocer.
A raíz de esa situación instauraron la correspondiente denuncia en la Fiscalía y de allí se inició la investigación que hoy tiene tras las rejas a 12 abogados y a un juez de Córdoba.
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