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Defensoría repudia crímenes de estudiantes en Córdoba



El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortíz, condena la muerte violenta de la estudiante universitaria Silvia Mora Castellanos y del estudiante del SENA, Juan Carlos Ariza Castellanos, ocurrida en horas de la noche del día 2 de febrero en el municipio de Cereté, Córdoba, las cuales se le atribuyen a presuntos miembros de grupos armados ilegales.

De acuerdo con la versión de las autoridades locales, los dos jóvenes estudiantes fueron asesinados a las 8:00 de la noche del día 2 de febrero en la vía que conduce de la cabecera urbana del municipio de Cereté a la vereda Carolina de la misma municipalidad, cuando se desplazaban en una motocicleta luego de haber permanecido en un establecimiento que ofrece el servicio de internet.

Las víctimas eran primos, y respondían a los nombres de Silvia Mora Castellanos, de 20 años de edad, estudiante de segundo semestre de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena, sede Cereté, y de Juan Carlos Ariza Castellanos, de 22 años de edad y estudiante de Mercadeo y Ventas del SENA.

DENUNCIA

El Defensor del Pueblo manifestó que el municipio de Cereté ha registrado en los últimos tres años un incremento en las acciones de violencia. Según el Observatorio del Delito de la Gobernación de Córdoba, en el año 2008 se registraron ocho (8) homicidios, en el 2009, la cifra ascendió a 24 homicidios y en el año 2010 se presentaron 25 muertes violentas, lo cual podría obedecer a la confrontación armada entre los grupos armados ilegales que surgieron tras la desmovilización de las antiguas AUC, por la disputa del control territorial y las actividades del narcotráfico.

“Las muertes violentas de los dos estudiantes en Cereté se unen a las de Mateo Matamala y Margarita Gómez que ocurrieron el pasado 11 de enero en San Bernardo del Viento en el mismo Departamento de Córdoba”, dijo.

ALERTA TEMPRANAS

Así mismo, señaló que en el monitoreo que adelanta el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo se ha advertido a las autoridades competentes en los dos últimos años diez situaciones de riesgo de probable ocurrencia de violaciones masivas de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, para los municipios de Buenavista, San Pelayo, San Antero, Lorica, San Bernardo del Viento, Montelibano, Puerto Libertador, La Apartada, Valencia, Moñitos y Tierralta.

El Defensor del Pueblo al repudiar este nuevo hecho de violencia contra estudiantes universitarios de Córdoba solicita a las autoridades del departamento de Córdoba y a la Fuerza Pública evaluar las situaciones de riesgo a las que está expuesta la población civil de esa región para adoptar efectivas medidas de prevención y protección que eviten la ocurrencia de hechos de esta naturaleza.

Del mismo modo, solicitó de la Fiscalía General de la Nación se designe un Fiscal Especializado para la investigación de este doble homicidio para esclarecer los móviles y judicializar y sancionar a los responsables de tales muertes violentas.

 

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