La Fiscalía General de la Nación confirmó que se adelanta la investigación para esclarecer los hechos que rodearon la desaparición de unas 50 armas de fuego que habían sido incautadas en varios operativos, y que estaban bajo custodia de la Fiscalía en el municipio de Simití, sur de Bolívar.El hecho, según el relato que hicieron algunos habitantes de la localidad, ocurrió el domingo de la semana pa-sada, cuando desconocidos ingresaron por el techo del inmueble donde funciona el ente investigador.
Algunas personas, quienes pidieron la reserva de sus identidades, explicaron que unos hombres ingresaron a la sede de la Fiscalía, y de apoderaron de las armas de fue-go.
“Estando dentro, los de-lincuentes fotocopiaron varios expedientes de procesos que se llevan en esa depen-dencia, entre los que se cuentan algunos en los que aparecen como investigados funcionarios de la administración municipal”, dicen.
Agregan que los delincuentes no se apoderaron de los expedientes, no se sabe por qué motivos.
La secretaria de Gobierno de Simití, Rocío Bastidas, reconoció que el caso “sí se presentó y que se está investigando. Hasta el momento no hay claridad de lo que se habrían robado, pero se trataría de hurto y no de un sabotaje porque sí se llevaron elementos, que hasta el momento no se ha podido precisar por el inventario que tiene la Fiscalía”.
La personera, María Isabel Guzmán dijo que “el hecho se presentó en la Fiscalía Seccional 28, que es donde se investigan casos relacionados con lesiones personales, orden público y delitos contra administración pública, seguridad del Estado y delitos contra la vida”.
Fuentes judiciales asevera-ron que en el lugar de los hechos se evidenció que varios expedientes fueron manipulados, pero no sustraídos o destruidos.
Según se pudo establecer, autoridades de Policía Judicial y la Fiscalía intentan de-terminar el número total de armas que fueron robadas y la identidad de los responsa-bles.
Autoridades locales coincidieron al señalar que en los últimos meses no se habían presentado casos que alteren el orden público en el sector.
También se conoció que el inmueble no contaba con vigilancia, ya que la misma había sido contratada por la administración municipal, pero ante el retraso en los pagos a las personas encargadas, estas dejaron de prestar el servicio.
Por último, también se supo que la Alcaldía dispuso de un pago de 8 millones de pesos para las personas que entreguen información que permita recuperar las armas y dar con los autores materiales del hurto.
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